Vicentin: Alberto negocia con el CEO, e investigará evasión y lavado

El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy con el CEO de Grupo Vicentin, Sergio Nardelli, para abrir una negociación directa que propicie que la empresa cambie de manos, al Estado o a una nueva corporación con participación del cooperativismo y de la provincia de Santa Fe.

Fernández y Nardelli hablaron por teléfono ayer a la noche mientras los habitantes de Avellaneda, ciudad santafesina donde nació la empresa, hacían un banderazo para protestar contra la intervención y posterior expropiación de la compañía.

Ayer, fuentes cercanas al Presidente le dijeron a La Voz que la decisión de avanzar no cambiará. Pero admitieron que aún no se conocen el alcance del proceso ni el plazo y que Fernández está dispuesto a negociar cambios sobre el proyecto original.

Finalmente puede que esto avance, pero no como lo presentó Fernández el lunes. En una reunión en Casa Rosada, ayer se analizó la posibilidad de crear una nueva corporación con protagonismo de los 2.600 productores a los que Vicentin les debe.

En este nuevo proyecto podrían tener participación YPF Agro (empresa de capital mixto), el Estado santafesino, cooperativas agropecuarias de la provincia y los dos mil empleados que tiene el Grupo. De esto hablarán hoy Fernández y Nardelli.

Una iniciativa de estas características tendría varias ventajas: en principio, los accionistas estarían de acuerdo, disminuiría la resistencia social y mejoraría las condiciones para la reestructuración de la deuda de 1.350 millones de dólares de la firma.

El interventor Gabriel Delgado tuvo una charla con parte del directorio. La empresa dijo en un comunicado que esto fue para “preservar la paz social”, tras el banderazo y después de que las principales cámaras empresariales del país cuestionaron la medida. El directorio dijo que decidió dialogar en buenos términos para “evitar perjuicios contra el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores” y se inclinó para que, con la “participación del juez a cargo”, se determine “el alcance de la intervención dispuesta”.

En la Municipalidad de Reconquista (vecina a Avellaneda), el intendente Amadeo Vallejos armó una reunión de la que participaron Nardelli y Sergio Vicentin, dos de los directores de la empresa, y el subinterventor Luciano Zarich.

Dionisio Alfonso, secretario general de Aceiteros de Reconquista, celebró la intervención y remarcó que durante el último año vivieron un escenario de “gran incertidumbre”.

Nardelli, nieto del fundador de la firma, irá hoy a las 18 a Olivos. “Ya le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perseguir a nadie; al contrario, queremos rescatar esta empresa que mueve el 13% de los granos del país”, dijo Fernández ayer.

Según el Presidente, Nardelli le dijo que tiene una idea para que el Estado se pueda hacer cargo de la empresa, pero sin necesidad de expropiación. “Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia”, contó.

En paralelo, apareció la mano de la vicepresidenta Cristina Fernández. Su hombre de confianza, el senador Oscar Parrilli, presentó un proyecto para investigar la relación económica entre Nardelli y el gobierno de Mauricio Macri.

El oficialismo reunirá mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El punto cuatro del temario propone crear una comisión bicameral investigadora de la relación entre el Banco Nación y Vicentin.

El núcleo duro K quiere avanzar contra los Nardelli después de que se conoció que Vicentin aportó 27 millones de pesos a las campañas de Macri entre 2015 y 2019, mientras recibía subsidios para pagar salarios y créditos para expandirse.

Incluso Parrilli propone investigar si, además de una deuda de 9.549 millones de pesos en impuestos no pagados a la Afip, la empresa también incurrió en maniobras de evasión impositiva agravada, para lo que propone la aplicación de la ley penal tributaria, que prevé de dos a nueve años de prisión para una evasión comprobada superior a 1,5 millones de pesos.

También se pide investigar si la Unidad de Información Financiera incumplió con sus obligaciones durante el macrismo y “si existieron posibles maniobras de encubrimiento de lavado de activos de posible origen delictivo”.

Cacerolazos en contra: Manifestaciones en el país

En Caba, en Santa Fe y en Córdoba, hubo protestas.

Miles de personas se sumaron anoche a expresiones de protesta contra la decisión del gobierno de Alberto Fernández de intervenir y de proponer la expropiación de la empresa santafesina Vicentin, la cuarta cerealera del país.

Las manifestaciones de repudio estuvieron protagonizadas por cacerolazos en Avellaneda (Santa Fe), donde está la sede central de la compañía, pero también en la Capital Federal y en La Plata. En Córdoba, hubo caravanas de autos en la zona del Cerro de las Rosas y en el bulevar San Juan, entre las principales zonas.

“Basta de atropellos”, era una de las frases más escuchadas entre quienes cuestionan al Gobierno por su decisión de avanzar sobre esta empresa en crisis.

Detrás de Santa Fe, Córdoba es la segunda provincia con más acreedores de la cerealera

Luego de que el Gobierno nacional anunció la intervención del Grupo Vicentin, comenzaron a conocerse muchos datos de la situación de la firma santafesina dedicada, entre otras actividades agropecuarias, a la exportación de granos.

La iniciativa del presidente Alberto Fernández se conoció el lunes, seis meses después de la declaración de cese de pagos por parte de la compañía y en el medio del concurso de acreedores que se lleva adelante en un juzgado de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.

Precisamente en ese distrito vecino está la mayor parte de los acreedores de la empresa que está al borde de la quiebra.

De los 2.368 acreedores, en Santa Fe están 1.202 damnificados, un 50,7 por ciento. Más de la mitad del total.

En segundo lugar en el ranking aparece la provincia de Córdoba, donde en total hay 526 acreedores de Vicentin. Esto representa un 22,2 por ciento entre todos los que están en la lista de quienes esperan por cobrar.

El resto se distribuye entre personas físicas y jurídicas asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Chaco.

En la capital de Argentina hay 323 acreedores, un 13,64 por ciento. En el distrito que gobierna Axel Kicillof viven 270, un 11,4 por ciento, y en la provincia del nordeste argentino, 102, un 4,3 por ciento.

En el interior del territorio santafesino hay firmas afectadas de Rosario (311 personas y empresas), de Reconquista (119), de Avellaneda (91), de San Lorenzo (67) y de la capital santafesina (31).

En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos mil millones están contraídos con bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola.

De la deuda financiera con el sector bancario argentino, el 88 por ciento corresponde a la banca pública, encabezada por el Banco de la Nación.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior