Sobreprecios: Arroyo echó al funcionario que aprobó la compra
Mientras se multiplican los pedidos de informes de la oposición en el Congreso nacional –además, ya hay una denuncia penal activada en la Justicia–, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó ayer al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó las compras de alimentos a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Además, el Gobierno nacional dispuso dejar sin efecto la polémica adquisición de los productos que se compraron con sobreprecios. Ahora, el ministerio hará una nueva convocatoria a proveedores para que le vendan esos mismos productos a la cartera, que luego los distribuirá de acuerdo a las políticas de asistencia social en medio de la crisis sanitaria y económica por la pandemia.
La marcha atrás con la compra le fue ordenada a Arroyo por el presidente Alberto Fernández, indicaron fuentes oficiales a La Voz.
El Gobierno estableció que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por el propio Ejecutivo.
Respecto de la salida de Calvo, se trata del funcionario que autorizó la compra por sobre los precios testigo de la Sigen para azúcar y aceite, situación que expuso a Arroyo a fuertes cuestionamientos de la opinión pública y lo llevó a tener que darle explicaciones al Presidente, quien le dio la orden de corregir la situación.
“Es el primer resultado de la investigación que se inició ayer sobre estas compras. También se va a revisar el circuito administrativo para las compras en el ministerio. No se descartan más cambios”, dijeron a este medio desde la Rosada.
Calvo ya había trabajado en Desarrollo Social y regresó a la cartera en diciembre de 2019 de la mano del mismo Arroyo. Es un hombre que viene del peronismo de Almirante Brown que conduce el intendente de ese distrito, Mariano Cascallares. Su designación fue oficializada el 23 de ese mismo mes.
El ahora exfuncionario había sido despedido por Cascallares en marzo del año pasado después de que se viralizara un video en el que aparecía presuntamente cobrando algún tipo de coima o soborno a una empresa del distrito. En ese municipio del sur bonaerense, Calvo se desempeñaba como secretario de Seguridad.
La salida del funcionario es el primer fusible político que salta en el Gobierno nacional tras el escándalo que se hizo público el lunes.
Con los ojos de la sociedad observando la situación y con duras críticas incluso de aliados del Gobierno, la cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.
Para la administración del presidente Alberto Fernández, se trata del primer hecho concreto en el que se sospecha de que pudieron haberse producido actos de corrupción.
Antes de la salida de Calvo de la cartera social, el referente de los movimientos sociales y alineado al albertismo Juan Grabois había pedido la separación del Gobierno de los responsables de la maniobra.
“Quiero ver rodar una cabeza, no puede ser que esto pase impunemente”, había reclamado.
También auditan los precios en internet
Lo realiza un equipo del bloque Evolución Radical.
El espacio presidido por Rodrigo de Loredo informó que junto a un grupo de voluntarios relevarán el cumplimiento de los precios máximos fijados por el Gobierno nacional en los portales de venta on line de supermercados e hipermercados. La iniciativa consiste en un control censal de todos y cada uno de los más de 1.700 productos de primera necesidad sobre los que se dispuso un precio máximo, en todas las cadenas que tienen sucursales en la Capital.
“Son las coimas que se pagan”
El empresario Víctor Fara, dueño de la productora de alimentos que comercializa las marcas Marolio y Molto, aseguró ayer que lo que sucedió con la compra de alimentos que realizó la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Social “no se trató de un error” y apuntó directamente a un hecho de corrupción.
En una entrevista que le concedió a La Nación, el dueño de una de las fábricas más grandes del país de pastas y aceites dijo estar “recaliente” por lo sucedido.
“Acá hubo una licitación y el problema no es que no me llamaron, sino los precios que terminaron pagando. Y no me digan que hubo un error. Son las coimas que hubo toda la vida en la Argentina. Le pasó en su momento al gobierno de Macri y ahora le pasa a Alberto. Ojo, yo estaba a muerte contra Macri, pero al actual Gobierno tampoco le voy a dejar pasar todo”, asegura el empresario quien nunca escondió sus preferencias políticas.
“La plata que terminó pagando el Ministerio (de Desarrollo Social) es una barbaridad, porque la comparación no se tiene que hacer con los precios máximos que se publican en la lista de la Secretaría de Comercio, sino con lo que les pagan los supermercados a los fabricantes que son valores mucho menores a los que le aplican su margen de ganancia, que en promedio ronda el 50%”, sostuvo el también propietario de la cadena mayorista Maxiconsumo.
Control de precios: se espera por el decreto
En la Municipalidad de Córdoba esperan que el Gobierno nacional publique el decreto por el cual se transfiere el poder de policía para controlar precios. Mientras tanto, siguen los relevamientos que vienen llevando a cabo los concejales, que hasta ayer habían monitoreado 86 comercios.
Fuentes del gabinete municipal explicaron a La Voz que esperan la publicación del decreto para planificar cómo se llevarán adelante los operativos para detectar subas de precios en la venta minorista.
Comentaron que el municipio tiene el personal suficiente para salir a realizar los controles, los cuales se activarán cuando se cuente con la herramienta legal.
En ese caso, la responsabilidad de esas acciones recaerá sobre las áreas de control municipal, bajo la órbita del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano.
Mientras tanto, los concejales siguen realizando “monitoreos de precios” por los distintos barrios. La tarea se inició el viernes con los ediles del bloque oficialista Hacemos por Córdoba, a quienes se sumó primero Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) y ahora Esteban Bria (Evolución), Ricardo Aizpeolea (Córdoba Cambia) y Alfredo Sapp (Unión Cívica Radical).
Los ediles verifican que los precios no superen los máximos establecidos por la Nación. Cuando detectan un aumento, intiman al comercio a que lo corrija. Si no lo hace, se notifica a Defensa del Consumidor.
El presidente del bloque oficialista, Juan Domingo Viola, informó que hasta ayer se llevaban relevados 86 comercios. En ese universo, se realizaron 45 intimaciones para que cambiaran los precios y en 26 casos se enviaron denuncias a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba.
“Se logró que las grandes cadenas rebajaran los precios. A medida que nos adentramos en los barrios, en los supermercados ya se avanza con denuncias, porque son los que menos respetan los precios”, describió el concejal peronista.
De los operativos, que no son de control ya que los concejales no tienen la función sancionatoria, participan los directores de los centros de participación comunal (CPC) y personal de Defensa del Consumidor.
Viola consideró que se logró tener una idea de lo que está sucediendo con los precios. También adelantó que continuarán recorriendo barrios hasta el viernes, y retomarán el trabajo el próximo lunes.
Además, valoró la participación de los concejales de la oposición, que “se sumaron por invitación del intendente Martín Llaryora”.
Por su parte, Quinteros relató que se implementó un nuevo mecanismo para agilizar los controles. “Se redujo el listado original a 122 productos, tanto de higiene (personal y del hogar) como de productos de almacén en general, los que, luego de identificarlos por su código de barras, son leídos a través de un escáner. Esto permite un más ágil y dinámico monitoreo”, detalló el edil opositor.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior