Gremios definen el primer paro contra Macri

Redacción DSF 11 marzo, 2017 0 comentarios

Después del reclamo para que se le pusiera fecha a la meneada promesa de un paro general,  que se extendió durante la multitudinaria concentración del martes pasado, con los incidentes finales incluidos, la conducción colegiada de la CGT quedó  sin margen alguno de maniobra política.

Así, en su reunión del consejo directivo del jueves próximo definirá si el primer paro general de 24 horas contra la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri será el martes 4 o el jueves 6 de abril, aunque tras los sucesos de esta semana difícilmente pueda estar acompañado de un acto, tal como pretenden algunos sindicalistas.

El cuestionamiento en el que quedó sumida la representatividad del triunvirato –integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña– y las internas que quedaron expuestas con el acto del martes sólo pudieron ser suturados por ahora con la reaparición en la escena de la “mesa chica” cegetista de los númenes de la conducción colegiada.

Para ponerles paños fríos a  los calores internos y para confirmar que finalmente el paro general tendrá una fecha precisa, se requirió de la presencia del trío que hasta la reunificación de la central  –en agosto pasado– habían encabezado, cada uno por su lado, las distintas facciones de la CGT: el camionero Hugo Moyano (ex-CGT Azopardo), el metalúrgico Antonio Caló (ex-CGT Alsina, alineada con el gobierno de Cristina Fernández) y el gastronómico Luis Barrionuevo (ex-CGT Azul y Blanca).

También fue necesaria para esa sutura una negociación de los términos de la solicitada que se publicará este domingo: en ella se convalidará la vigencia de los reclamos convocantes del acto del martes pasado, como también el sentido de la masiva protesta, pese a los incidentes del final.

El texto sindical se los atribuirá a sectores kirchneristas y de izquierda, aun cuando algunos máximos dirigentes de la CGT se los atribuyen, fuera de micrófono, al propio “aparato de seguridad” del sindicato de Camioneros.

Pero el puntapié definitivo para ponerle fecha al paro partió del cambio de postura de los estratégicos sindicatos del transporte, sin los cuales cualquier paro está condenado al fracaso.

Tanto los colectiveros de la UTA –de Roberto Fernández– y los maquinistas de trenes –de La Fraternidad de Omar Maturano– como los camioneros de Moyano estuvieron ausentes en el palco montado frente al Ministerio de la Producción, en el centro de la Capital Federal.

De ese modo expresaron su  desacuerdo con la estrategia seguida por el triunvirato de apertura y acuerdos con las CTA y con las organizaciones sociales de  los trabajadores informales (“piqueteros”).

De ese modo, buscan también revitalizar a la Catt, la confederación del transporte que lidera Schmid.

El retiro de los subsidios del Gobierno a gran parte del transporte automotor de larga distancia, por ejemplo, terminó de convencer a Fernández, considerado un negociador concesivo hacia Macri, para que se incline por el paro.

A estas alturas, con la presión de la multitud del martes, no torcería esa decisión ni el fuerte gesto político gubernamental que recibió ayer cuando una Cámara laboral desconoció la personería gremial del sindicato de los “metrodelegados” ante un pedido de la UTA.

Sin respuesta

Tampoco el Gobierno pudo hacer mucho después de los hechos del martes.

Y lo que hizo el Ejecutivo puede entenderse hasta contraproducente, como los allanamientos de la Afip al sindicato gastronómico de Barrionuevo.

Y la convocatoria para el martes próximo de los cinco sindicatos industriales más afectados por la apertura de importaciones y por sus consecuentes despidos y suspensiones, para tratar sus casos específicos, nada menos que con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, cuya salida y la del secretario de Comercio, Miguel Braun, son reclamos de punta de la CGT.

Así las cosas, todo se encamina hacia el paro general en el que confluirán los distintos sectores del movimiento obrero.

Por el lado de la CGT, desde los más proclives a la negociación con el Gobierno, como los “independientes” y los “gordos” (el estatal Andrés Rodríguez; José Lingeri, de Obras Sanitarias; Gerardo Martínez, Uocra), hasta los “combativos”, con los metalúrgicos de Caló y el secretario de Interior cegetista, Francisco Gutiérrez, a la cabeza.

La medida también será acompañada por los sindicatos que integran la Corriente Sindical Federal que lidera el bancario Sergio Palazzo, abiertamente identificada con el kirchnerismo, integrante de la CGT, pero no de su consejo directivo. Y por las CTA de Hugo Yasky y de Pablo Micheli, en proceso de reunificación.

Aunque todavía no ha sentado posición, es probable que el Movimiento de Acción Sindical (Masa) –conducido por el ferroviario Sergio Sassia, políticamente próximo al exministro kirchnerista Florencio Randazzo– sea también  de la partida.

Emergencia social

En tanto, el Gobierno nacional reglamentó la ley de emergencia social, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, en busca de darle “visibilidad, acompañamiento y contención a cada uno de los trabajadores informales”, pero desde los movimientos sociales consideraron a la medida insuficiente y anunciaron el inicio de un plan de lucha para la “inmediata” aplicación de la norma y en rechazo al modelo socioeconómico.

Fruto del acuerdo firmado el año pasado entre las organizaciones sociales y el Gobierno, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley que prorrogó la emergencia y que destina 30 millones de pesos para la asistencia social hasta el 2019.

Esta reglamentación se concretó el mismo día en que se difundieron los datos sobre la pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Lo que tiene cada sindicato

La importancia por afiliados y por capacidad de protesta.

La CGT unificada tiene alrededor de 6.900.000 afiliados en 215 organizaciones.

Las diez más numerosas son:

Federación de Empleados de Comercio: 800.000.

UOCRA: 450.000.

Federación de Empleados Municipales: 397.000.

UOM: 317.500.

UPCN: 227.000.

Camioneros: 204.000.

Federación de la Alimentación: 189.000.

Federación de la Sanidad: 187.000.