El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba resolvió que, a partir de este año, la Dirección General de Rentas (DGR) dejará de imprimir y repartir los cedulones de los impuestos Inmobiliario y Automotor, para ahorrar costos y presionar a los contribuyentes a que adopten medios electrónicos de pago vía internet. La decisión cayó mal en la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Alecyt), cuyo trabajo consiste en ese reparto.
Marcelo Díaz, secretario General de Alecyt, anticipó a Día a Día que el sindicato acudirá a la Justicia. “Están violando la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, mucha gente se va a quedar sin pagar los impuestos. Muchos no tienen acceso a internet, ni conocimientos de computación, ni tarjetas de débito”, criticó Díaz.
La ley mencionada dice en su artículo cuarto que los “proveedores” de bienes y servicios están obligados a suministrar a consumidores y usuarios información “sobre las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”. La información debe ser “siempre gratuita para el consumidor”.
En junio el Congreso le agregó a la ley que la información debe ser proporcionada “en soporte físico” y que solo se podrá suplantar la comunicación en este soporte “si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación”.
En el Ministerio de Finanzas ayer no estaba claro si una ley como la invocada por Alecyt puede ser aplicable en este caso, ya que es una ley nacional, cuando la Provincia tiene su propia jurisdicción, en particular a su normativa fiscal. Y la ley nacional regula intercambios comerciales, mientras un impuesto, en principio, no es el pago de un bien o servicio, sino una obligación tributaria.
Un funcionario de Finanzas no precisó qué leyes regulan el modo en que Rentas debe cobrar los tributos y dijo que la Provincia se defenderá en la Justicia y que allí se dirimirá la cuestión.
“Imaginábamos que iba a haber planteos, y sabemos que afecta empleos, pero nosotros bregamos por todas las fuentes de trabajo, no sólo por las de Correo, y esta es una política de Estado”, agregó.
El argumento de fondo de la Provincia tiene razones económicas, de servicio y medioambientales. Emitir las boletas de esos impuestos habría implicado este año un gasto de 55 millones de pesos, entre impresión y distribución. Además, argumentan que su eficiencia es baja: apenas 10 por ciento de los contribuyentes utilizaron en 2016 los cedulones para pagar los tributos patrimoniales.
Tampoco se trata exactamente de una imposición al contribuyente. Por un lado, porque Finanzas decidió incentivar el pago por internet otorgando un descuento adicional del 10 por ciento para los pagos realizados a través de la web de Rentas.
Además, la opción del papel se mantiene: si un contribuyente quiere seguir recibiendo el cedulón en su casa, sólo debe llamar al 0800-888-9988, pero no recibirá el beneficio del 10 por ciento.
Hasta ahora, era al revés: quien no optaba por el pago electrónico, recibía el cedulón en papel.
El sindicato argumentó que falta acceso a internet; que mucha gente, sobre todo mayor, no opera computadoras; y que muchas personas no están bancarizadas ni tienen tarjetas. Pero, sobre todo, alertó por el impacto que podría tener la medida en sus empleos.
Fuente: La Voz del Interior
