Tensión entre el gobierno y Atilra por el salvataje a SanCor
La supervivencia de la cooperativa lechera SanCor está en la cuerda floja. El conflicto con el gremio entró en su máxima tensión a raíz de la decisión del presidente Macri de reducir o eliminar el “aporte extraordinario” de $3.500 por trabajador que las empresas deben pagar al gremio del sector. Se trata de un beneficio por fuera del convenio colectivo, herencia de una decisión del ex ministro Julio de Vido.
El Gobierno propuso reducir a $500, $1000 y $1.500 por trabajador según el tamaño de las empresas. Y Atlira no quiso bajar de $850, $1.200 y $2.000 respectivamente.
A falta de acuerdo, desde el Gobierno y luego de cinco horas de negociación propusieron dejar de lado los montos fijos y cerrar el aporte extraordinario en un 3% de los salarios.
Pero la Cámara que representa a las empresas más chicas -que responde a Lopetegui- pidió que para ellos fuera del 2% y explotó la negociación, cuando los grandes como Danone rechazaron la diferenciación.
La movilización del 1A en favor del gobierno envalentonó al Presidente para dar esta pelea. El acuerdo que, luego de marchas y contramarchas, estaba por firmarse volvió a foja cero luego de esa movilización, cuando Macri condicionó la asistencia financiera del Estado a SanCor a que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) renuncie a los $3.500, no ya para esta cooperativa en crisis, sino para toda la industria.
Hasta ese momento el acuerdo era que el gremio postergaba el cobro de ese aporte por los seis meses que se estableció para reestructura la firma.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el vice de Trabajo, Ezequiel Sabor, e Ignacio Werner, en representación de la cartera de Producción que aportará 450 millones del Fondear, buscaban pulir un acuerdo con las cámaras empresarias, acreedores de SanCor y los sindicalistas de Atilra. Entre ellos la negociación quedó trabada en el monto de la reducción del “aporte extraordinario”.
Al mismo tiempo, Macri se mantenía en contacto con Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El Presidente le avisó a todos los actores que se reservaba la “ultima palabra”. Pero enterados sobre la resistencia del gremio a resignar el aporte, en el máximo nivel de la Rosada evaluaban llevar al líder de Atilra, Héctor Ponce, a la justicia.
Para Macri, que el gremio se adueñe de $3.500 por trabajador por encima de los aportes legales de los trabajadores es cuanto menos un robo y se ha tomado personalmente la lucha contra los privilegios de los gremialistas. El caso del Caballo Suárez sirve de antecedente.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi. Radio Belgrano