El Presidente timonea entre el déficit, el FMI y la presión social
Por el impacto de la pandemia, el gasto público de 2020 será récord y el Gobierno nacional ya avanza en lo que será un recorte complejo, con promesas de ser quirúrgico, mientras la pobreza va en alza, el sindicalismo presiona y el FMI exige metas fiscales, monetarias y cambiarias.
Hay una discusión puntual: a menos de un año de las elecciones, la oposición habla de ajuste y el Gobierno lo niega. “La baja del déficit no es porque gastaremos menos, es porque habrá aumento de ingresos”, dijo a La Voz un funcionario con despacho muy cercano al del presidente Alberto Fernández.
Y agregó: “No hay plan de ajuste. Nosotros necesitamos que salarios y jubilaciones crezcan en términos reales porque el 70% PIB es consumo interno”.
En ese momento, terminaban de revisar en la Casa Rosada el plan para incrementar exportaciones.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se refiere al Presupuesto 2021 como un “puente a la consistencia macroeconómica y la estabilidad”. Dice que el déficit debe corregirse por mejora de ingresos, no por recorte nominal del gasto.
Aún hoy, con el Presupuesto cocinado, hay interrogantes. Guzmán no incorporó al proyecto las metas plurianuales que exige la ley 25.152 de Solvencia Fiscal. Hay una razón: lo está negociando con el FMI. La última palabra saldrá de allí.
En la Rosada niegan que el ATP masivo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hayan caído por pedido del FMI.
“Miramos la situación sanitaria y cómo viene la reactivación. Tenemos que ser responsables con el gasto. Un IFE demanda 90 mil millones de pesos y equivale al presupuesto anual de Vialidad”, argumentan los oficialistas.
El Presupuesto plantea un déficit primario del 4,5% y un rojo financiero del 1,5%, redondeando un agujero del 6% del PIB. Guzmán y el FMI negocian para que el rojo primario sea del 3,8%. Cada punto de rojo equivale a unos 199 mil millones de pesos.
En plata, Argentina tendrá en 2021 necesidades de financiamiento por $ 6,3 billones (16,7% del PIB). Esto será financiado con nuevo endeudamiento intra sector público por $ 3,7 billones, incluyendo los Adelantos Transitorios (AT) del Banco Central.
También habrá emisiones de bonos y letras en el mercado de capitales local por $ 2,3 billones y desembolsos de organismos internacionales y bilaterales en dólares por el equivalente a $ 348.901 millones.
En relación a la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro, habrá financiamiento neto mediante emisión monetaria pura (AT) por $ 400 mil millones en 2021 (1,1% del PIB). Además, se estiman giros de utilidades por $ 800 mil millones (2,1% del PIB).
Lo que se dice y lo que no
Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio, señaló que en el Presupuesto “hay tres artículos que detonan las leyes de Responsabilidad Fiscal”. Un ejemplo: se elimina el límite para el empleo público.
Tampoco se incorporaron 125 mil jubilaciones que se sumarán en 2021 al sistema por crecimiento vegetativo. Y no se tuvo en cuenta el millón de chicos que fueron sumados a la Asignación Universal por Hijo, según lo anunciado por la jefa de la Anses, Fernanda Raverta.
Hay algo en lo que coinciden Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda: el ajuste viene, lo que no se explica bien es cómo. “No incorporaron al Presupuesto el impacto de la movilidad jubilatoria ni la moratoria previsional ni el del Impuesto a las Grandes Fortunas”, dijo Lousteau.
Pero los $ 300 mil millones que se prevé adicionará ese último impuesto no irá a rentas generales, sino que tiene destino específico: salud; subsidios y créditos de pymes; urbanización de barrios populares; YPF; y el plan Progresar.
La Oficina de Presupuesto del Congreso explicó en un análisis que en Diputados se subieron tasas de fiscalización, aumentaron cargos sobre primas de seguro, se incrementaron impuestos internos (a productos electrónicos, por ejemplo) y se elevaron los tributos que paga el juego. Esto es para sumar $ 13.200 millones.
Cambios que vienen
En enero se iniciará el descongelamiento de tarifas de luz, gas y agua, dado que el nivel de subsidios respecto del PIB (1,7%) no crecerá. Y antes de fin de año habrá una nueva suba de combustibles, por aumento de precio y carga tributaria.
Darío Martínez, secretario de Energía, es el encargado de este capítulo. Y no anda con vueltas: “El que tenga capacidad económica tendrá que pagar más”, dijo el jueves en una reunión Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).
La CGT patalea por tres medidas impopulares: la movilidad jubilatoria que ajustará los haberes a la baja toda vez que la inflación supere a los salarios y a la recaudación fiscal; el límite al ATP; y el adiós al IFE.
En Economía y en Casa Rosada responden que esa asistencia desaparece como tal pero se “migra” a otras herramientas. Se incorporó un millón de beneficiarios a la AUH y el nuevo Potenciar Inclusión Joven pagará $ 8.500 a, por ahora, 600 mil beneficiarios.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, confirmó que en diciembre habrá una duplicación del monto que se entrega para comprar alimentos. (Ver página 9)
Y el ATP, que también surgió en la pandemia, se reconvierte en el Programa de Recuperación Productiva II, que pagará hasta $ 9.000 durante dos meses a empleados de empresas con problemas, aunque con estrictos requisitos a cumplir.
En Casa Rosada dicen que reconvirtieron el ATP porque la economía está creciendo. Pero también es porque detectaron que muchas empresas estaban subfacturando productos y servicios para poder calificar en este plan.
Ante la fuerte preocupación que estas decisiones generan en los gobernadores por la tensión social, en Nación responden que estiman que las nuevas herramientas de asistencia y el aumento de actividad terminarán compensando el dinero que se deje de poner en las provincias por la supresión del paquete Covid-19.
En 2020, las transferencias directas para Córdoba (Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) alcanzaron los $ 9.455 millones y las indirectas, es decir aquellos fondos que fueron girados a las empresas y las familias, llegaron a $ 48.724 millones.
Equilibrio y actividad
“Hay una situación muy dura pero hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina”, argumentó Guzmán.
Lo dijo horas después de reunirse por primera vez en su despacho esta semana con Julie Kozack y Luis Cubeddu del FMI en su despacho por los 45 mil millones de dólares que adeuda el país.
En el Gobierno trabajan con una máxima: que en el primer trimestre la vacuna contra el Covid-19 estará disponible y la economía podrá acelerar.
En el lavagnismo estiman que si eso ocurre Argentina podría crecer a un ritmo cercano al 10% anual en el segundo trimestre.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Social, mira tres variables: el comportamiento del mercado interno, que hasta ahora viene heterogéneo con la industria y la construcción liderando; la economía brasileña (que está saliendo de la recesión) y el precio de la soja.
Al margen de cualquier escenario probable o pretendido, el 2021 no será un año sencillo. Y los siguientes tampoco. Ubicándola en contexto, toda América Latina la tendrá muy difícil porque, según Cepal, el financiamiento internacional será escaso.
Y si la región creciera al 3% anual, recuperaría el nivel prepandemia de actividad en 2023. Si lo hace a la tasa promedio del 1,8% de la última década, lo haría en 2025. Si camina como lo hizo en los últimos seis años, al 0,4% anual, no habría tal nivel hasta 2030.
$ 199 mil Millones. Es lo que equivale cada punto del déficit financiero que el ministro Guzmán puso en el Presupuesto. El agujero fiscal en 2021 sería del 6% del PIB.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior