Operación #mesaza

Una vieja parábola dice que cuando hacemos un bollo con un papel, podemos deshacer el bollo, pero el papel va a seguir estando arrugado, y no podremos hacer nada para dejarlo tal como estaba antes.

Lo mismo puede pasar con una reputación. Una vez que se lanzan acusaciones terribles a escala pública, no importa que el acusado las desmienta, o que se demuestre que son infundadas: siempre va a pesar sobre él la sospecha de que, quizás, sean ciertas. Es muy fácil destruir una reputación y muy difícil -o a veces imposible- recomponerla.

Por supuesto, esto no significa que siempre haya que guardar silencio, sino de que, ante un tema tan delicado como este, hay que manejarse con extrema responsabilidad. Más aún en la época de las redes sociales, en la que puede bastar con un rumor para disparar el escarnio público.

Hay muchos huecos legales y éticos en torno a esta cuestión. Es difícil decidir si pesa más el derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de expresión, y muchas veces se abusa de estos derechos para obtener algún beneficio personal.

Los medios de comunicación poseen un alcance incomparable a la hora de transmitir su mensaje, y esto implica también que tienen una mayor responsabilidad a la hora de seleccionar, presentar y transmitir información. Claro que muchas veces esto no ocurre, o que, aun peor, se lo pasa por alto intencionadamente con la intención de llenar primeras planas y de apropiarse del rating.

Lo que ocurrió la semana pasada en la mesa de Mirtha Legrand no es una excepción, sino una exageración de esta tendencia, llevada a límites bizarros. Fue una muestra de cómo un personaje de dudosas intenciones (y hasta de dudosa cordura) pudo acusar a diestra y siniestra, amparada por la producción de un programa emblemático de la televisión argentina en uno de los canales de aire más importantes.

Es quizás la mayor mancha en la extensa trayectoria de Legrand, y una que muchos no van a perdonarle. Tal vez lo que hace de este caso algo excepcional es que las víctimas de las acusaciones (que no voy a repetir) son todos famosos y periodistas.

Los televidentes estamos acostumbrados a que, ante cualquier hecho delictivo, los medios nos presenten a los sospechosos dando por sentado que son culpables. Si en la justicia de cualquier país normal existe la presunción de inocencia, en los medios está la presunción de culpabilidad.

Como decía antes, si la foto de una persona aparece en los medios como “el asesino de X”, “el pedófilo de Y”, etc., no importa que la justicia, meses después, demuestre que es inocente, porque el daño está hecho. Los tiempos de la opinión pública suelen ser mucho más voraces.

De hecho, hasta el mismo día del escándalo en el programa de Mirtha, había numerosos nombres y caras asociados con una red de pedofilia. Nadie, a fin de cuentas, sabe si son culpables, pero tampoco nadie se quejó de cómo se trataba el tema. No hubo ninguna objeción hasta que en el escándalo se vieron envueltos los propios protagonistas del medio.

Es verdad que, además, aquí los difamados son figuras públicas y con una tendencia política bastante definida, lo que hace pensar en un tipo de operación. No sería nada nuevo que los medios se pongan -inocentemente o no- al servicio de tales jugadas.

Esta es otra razón para preocuparse por el poder desmedido que tienen los medios en una época de escaso rigor. No hace falta una operación para que este problema sea político: la libertad de expresión es una de las bases de la democracia, pero ningún derecho viene sin responsabilidades. Usarla mal también es una forma de degradar el sistema.