El Observatorio Mumalá dio a conocer este lunes los datos vinculados a los femicidios registrados en lo que va del año, De acuerdo al registro que lleva adelante el colectivo, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre se reportaron 241 femicidios a nivel nacional. De ese total, 208 fueron femicidios directos, ocho femicidios vinculados de niñas/mujeres, cuatro femicidios vinculados de niñas/mujeres por interposición en la línea de fuego, nueve femicidios vinculados de niños/varones, seis femicidios vinculados de niños/varones por interposición en la línea de fuego, cinco trans/travesticidios y un lesbicidio.
De esta manera, una mujer es asesinada cada 32 horas a causa de la violencia machista. A su vez, hubo además 251 intentos de femicidios en todo el país.
Asimismo, 49 muertes violentas de mujeres se encuentran en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).
En relación al agresor, en el 41% de los casos mantenía un vínculo de pareja con la víctima. En el 22% de los hechos, era su ex pareja; mientras que en el 13% se trató de un familiar.
El 32% de los hechos ocurrió en la vivienda que compartía la víctima junto a su agresor, y en el 36% de los casos en la vivienda de la víctima.
El 20% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente. En el 10% de los casos la Justicia había dictaminado una orden de restricción de contacto o perimetral.
Otro dato alarmante es que durante el aislamiento social y obligatorio, decretado el 20 de marzo pasado, hubo 175 son femicidios, femicidios Vinculados, trans- travesticidios y lesbicidios. También, se registraron 38 muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).
Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron en el periodo de cuarentena, según indicó el informe del observatorio.
“Insistimos en la urgencia de declarar la Emergencia Ni Una Menos; la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral de manera transversal, el tratamiento urgente del proyecto de ley por aborto legal, seguro y gratuito y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente. Seguimos exigiendo al Estado nacional que priorice recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+”, manifestaron desde Mumalá.
Y agregaron: “Exigimos la continuidad del IFE, principalmente para las titulares de la AUH, muchas de ellas víctimas de violencia machista”.
Fuente: La Mañana. La Mañana
