Policiales

Lecciones de legitimidad democrática en Sudámerica con vistas a la construcción de un Estado Estratega

La construcción de un Estado Estratega en el espacio civilizacional sudamericano, tema sobre el que me he venido refiriendo en los últimos artículos, constituye un proceso socio-político que se asienta sobre el logro de consensos superadores de las crisis estructurales que bosquejo en el artículo anterior. Sobre dicho fundamento, que a la vez cuenta detrás de sí con un diálogo político representativo de los  intereses del pueblo constituido en nación y Estado, se edifican y entrelazan fenómenos políticos signados por la legitimidad de origen, medio y fin.

Es objetivo del presente artículo indagar sobre las orientación que toma la voluntad popular a ojos vista de los resultados electorales que se han visto en Sudamérica en los últimos meses, así como de los diversos movimientos sociales de protesta, paro y movilización,  coincidente todo ello con la post-pandemia del COVID 19. Dicha orientación y la oportuna adecuación del poder político definen el grado de legitimidad de que goza el poder constituido en gobierno y definen las posibilidades reales  de los Estados de crear, dictar y hacer cumplir políticas de Estado, así como la  gestión política de la convivencia ordenada, segura y próspera de sus habitantes.

Esta situación de movilización social y descontento generalizado hecho manifiesto hacia la clase dirigente guarda cierta similitud con los procesos que se vienen dando en  otros espacios extra-regionales del globo.

Las últimas elecciones en esta región han demostrado que el pueblo vota de modo sistemático contra la dirigencia de turno en el poder.

Ello plantea a mediano plazo una situación de permanencia en la falta de legitimidad en la relación mando-obediencia en el sistema político. Es decir, si se analizan los consensos que es capaz de lograr el poder constituido en ciclos de dos períodos electorales, aproximadamente una media de 8-10 años, se descubre que predominan las crisis por sobre los acuerdos.

En el fondo ello termina socavando la credibilidad en la democracia como forma de gobierno. Dicha situación de ser afrontada con madurez política llevaría a un debate serio sobre los mecanismos de representación política y los mecanismos para adecuarlos a la realidad social que sirve de base a dicho proceso, dotando de ese modo de legitimidad a la institucionalidad constituida en un espacio político determinado.

Más que un giro a la izquierda, los votantes en esta región parecerían estar votando para recuperar el Estado. En tal sentido, se observa que más que un giro a la izquierda (Bolivia, Perú, Chile) o a la derecha (Ecuador, elecciones internas de setiembre en Argentina), el descontento con las respuestas de los gobiernos a la pandemia y la insatisfacción por la fuerte caída económica, estaría llevando al electorado a inclinarse contra el poder gobernante.

La pandemia ha dejado al descubierto vulnerabilidades y fragilidades existentes y las ha profundizado, tal como se ha vuelto un lugar común reiterar ante fenómenos sociales y políticos similares. El fenómenos de que ningún gobierno electo fue capaz de ganar una elección  presidencial o un reférendum nacional desde principios de 2020, está marcando una pauta y se está constituyendo en una constante de la que se extraen conclusiones de carácter estructural.

Aunque los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrán más tiempo para recuperarse, en el primer país se ha dado un fuerte y prolongado estallido social, mientras que en el segundo, el descontento tuvo diversas manifestaciones sociales y políticas, por lo que ambos líderes no escapan a la regla general  y, por lo tanto, observan con inquietud el futuro.

En tal sentido, este proceso se revela como más profundo que una reacción del pueblo a las consecuencias de la pandemia y medidas adoptadas por los gobiernos. Es así como, según la última encuesta del Latinobarómetro, menos de la mitad de los latinoamericanos son demócratas convencidos y un número creciente son indiferentes ante el régimen político de su país.

Una amplia mayoría permanecería insatisfecha con el modo como funcionan sus democracias y pondrían muy poca confianza en sus instituciones. Si bien, están en contra de los gobiernos militares, pero un número creciente aceptaría “caudillos” elegidos. Sin embargo, en política internacional se daría una mayor confianza hacia los Estados Unidos que hacia un país con un régimen considerado autoritario, como China.

Sobre este hecho no se han realizado mayores estudios para conocer más en detalle el proceso endógeno que lo explica, pero es particularmente significativo y tendría que ver con posicionamientos de carácter principalmente cultural y de inercia en materia  de acomodamiento en política exterior, combinado con cierta percepción positiva sobre las bondades del modelo de democracia liberal, del capitalismo económico norteamericano y arquetipos de conformación social.

Siguiendo el mismo estudio, la pandemia golpeó desproporcionadamente fuerte a América: con el 8% de la población, su población sufrió el 32 % de los fallecimientos oficialmente registrados.  Sin embargo, no se observó un cambio drástico en las actitudes políticas con relación al estudio previo de 2018, lo que reafirma la apreciación anterior sobre una situación de tendencia a la caída de los índices de legitimidad de los procesos, autoridades e instituciones democráticas, por motivos principalmente económico-sociales y de representación política ya presentes antes de la pandemia. Al respecto, el cuadro a continuación es ilustrativo de esa situación.

La realidad indicaría que este fenómeno de cierto desgaste democrático es común a otras regiones del mundo además de América Latina, toda vez que se observa cierto giro autoritario de carácter globlal, desde Europa y Estados Unidos hasta Asia, Africa y Medio Oriente4. El descontento de las sociedades por la desatención de sus demandas tendría que ver con una tendencia creciente a cierta corporativización de la política, por lo que de modo generalizado en diversas sociedades surgen cuestionamientos sobre la ausencia del ser nacional, la carencia de un destino colectivo y la flaqueza o degradación de valores culturales unitivos. Al mismo tiempo, la fragilidad vista en el último año en los sectores de salud, educación, seguridad ciudadana han terminado producido un quiebre de la confianza de la ciudadanía.

Si se toma el caso colombiano, que en la dinámica social de sus paradigmas se aplica a otras naciones, tomo la observación de un analista de ese país: “Diría que hoy este llamado estallido social colombiano es un grito de inclusión, más que otra cosa, para que el Gobierno, las instituciones y la sociedad escuchen y dialoguen, especialmente con los jóvenes que se sienten excluidos de los circuitos políticos, económicos, educativos, empresariales, y en general manifiestan esa rabia en las calles”.

En tal sentido,  el dramático aumento del número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha dado lugar al término de los llamados “ni-ni”, que se han multiplicado durante la pandemia. Los “ni-ni” han aumento a escala regional6, aumentando con ellos los factores para la inestabilidad y posibles salidas autoritarias. En este sector social también se aplica lo antes dicho sobre la pérdida de confianza en las instituciones, con la potencial ruptura del principio de relación de autoridad y orden social.

El ancla que preserva a una sociedad de la marea de la dinámica histórica son las instituciones y son justamente estas las que han caída en creciente descrédito y pérdida de legitimidad, lo que lleva irremediablemente hacia una mayor ilegalidad en todos los estamentos y sectores sociales, por la tendencia que se produce hacia una mayor anomia.

La recuperación de la estabilidad y orden ante tal situación proviene del diálogo profundo, intersectorial, impulsado desde las bases, aunque surja como una iniciativa del Estado, con un enfoque descentralizado y profundamente asentado en la realidad socio-política de cada región, población y grupo social.

La globalización y creciente  automatización, que funcionan como motores de crecimiento, impulsan la dinámica socio-política hacia la búsqueda de respuestas en el mismo sentido. Es decir, mayor institucionalidad, con base en la realidad social nacional, brindan la contención estructural en la que fluyen los intereses sociales representados políticamente en el devenir coyuntural de una sociedad.

En tal sentido, la vertebración armónica sectorial en torno a un proyecto político que funciona como eje articulador de consensos es central para que, por ejemplo, la dotación en recursos naturales y humanos, potenciado por el desarrollo tecnológico, tengan un acompañamiento acorde desde la ordenación política y, de este modo, la función subsidaria y reguladora del Estado se centre en políticas focalizadas y estratégicas para atender los desafíos comunes.

De ese modo, no será un lugar común hablar de ciertos aislados desarrollos tecnológicos o genialidades individuales en medio de una sociedad en la que la pobreza y la decadencia moral se vuelven la pauta común y corriente.

Esta urgencia para la pronta constitución de un eje vertebrador de las diversas potencialidades, fortalezas  y vulnerabilidades de las sociedades nacionales en Sudamérica adquiere aún mayor dimensionalidad y magnitud al advertir que el desafío es global y que hay sociedades y regiones que llevan la delantera en la respuesta a tales demandas sistémicas.

En tal sentido, traigo a colación el informe del Consejo de Inteligencia de EEUU, el que menciona que “grandes segmentos de la población mundial desconfían de las instituciones y los gobiernos a los que consideran incapaces o poco dispuestos a atender sus necesidades”, lo que hace a los ciudadanos “gravitar hacia grupos conocidos y afines en busca de comunidad y seguridad, incluidas las identidades étnicas, religiosas y culturales, así como las agrupaciones en torno a intereses y causas, como el ecologismo”.

Es decir, las líneas de fractura se han exacerbado merced a corrientes liberales progresistas, que van camino a aniquilar el imperativo político fundamental de lograr la unidad en la diversidad, por la entronización de ideas y valores representativos de minorías que terminan por producir enajenamiento y exclusión de mayorías, al mismo tiempo que quiebres generacionales de muy difícil recuperación.

En un siglo como el XXI, signado por la relevancia de las diversidades, el esfuerzo para la articulación en torno a un relato y proyecto civilizacional es mayor, pero no imposible. Es más, si se considera la realidad  sudamericana, a dicho fenómeno se suma el de los sectores territoriales subexplotados donde ante la ausencia del Estado abundan la ilegalidad y ambientes de degradación y enajenación humana, con sesgos claramente negativos hacia las minorías.

En tal sentido y para recuperar la legitimidad democrática, se impone el imperativo de lograr un consenso  político en torno a un modelo de desarrollo, que parta de la realidad cultural estratégico-civilizacional y se proyecte hacia las demás dimensiones socio-política.

Un desarrollo desde las bases donde prime la convergencia civilizacional en torno a un sentido de pertenencia, verdaderamente inclusivo de mayores y minorías, lejano de los extremismos de cualquier tipo.

Después de todo, si ni las derechas, ni izquierdas importadas cuajan en el espacio sudamericano,  tal vez no sea tan reprochable como lo manifiestan numerosos analistas, sino que seguramente es porque la solución final será un producto político autóctono, al que le son ajenas las corrientes ideológicas que no cuajan con la realidad cultural estratégica donde se las quiere impostar, una cuestión tan antigua que nos remonta a la orígenes de estas jóvenes naciones del Sur de América.

(*) El autor es Doctor en Politología y Licenciado en Relaciones Internacionales

Nota original con referencias y citas bibliográficas: AQUÍ