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Economía - 15 agosto, 2021

La tarifa de energía apenas cubre el 30% del costo

En junio, producir un mega costó 81% más que hace un año, por la baja del Paraná, el aumento del dólar y del petróleo y la urgencia de importar. Hace un año, los usuarios pagaban el 48% del costo y ahora, el 30%. Epec acumula los atrasos de todo 2021, pero no subirá tarifas.

Como en 2016, rumbo a 2015. La consigna de campaña “vos sabés que no te subimos las tarifas” se está convirtiendo en un agujero fiscal tan grande como invisible, al menos a ojos ciudadanos. Ningún funcionario articula siquiera un número, pero lo cierto es que hoy el usuario residencial está pagando apenas el 30% de lo que cuesta generar la energía eléctrica. El 70% lo pone el Estado nacional, que, como tiene déficit fiscal, financia con emisión de pesos.

El cálculo es que Cammesa, la administradora del mercado eléctrico nacional, tendrá en 2021 un rojo de 700 mil millones de pesos: es una cuarta parte más del presupuesto de todo el año de Córdoba, la segunda provincia del país.

El relato kirchnerista, esta vez, aseguraba que las tarifas iban a ir de la mano del salario. La pandemia cambió los planes en 2020 y las elecciones lo hacen en este 2021. El panorama se agrava por la suba del tipo de cambio y por la bajante del Paraná, que deja fuera de pista la generación hidroeléctrica, la más barata que produce el país.

En ese marco, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) logró ponerse al día con todos los aumentos pendientes del año pasado: en enero, aumentó 8,69% promedio que correspondía a enero-septiembre y desde mayo subió otro 7,54% promedio por el último trimestre de 2020.

Así, el aumento acumulado pendiente en la distribuidora provincial es del 16% promedio, que llega hasta el 20% sólo en el segmento residencial. De todos modos, hasta diciembre –es decir, cuando hayan pasado las elecciones– no habrá pedidos de Epec ante el Ersep para aplicar la fórmula de adecuación trimestral, el mecanismo casi automático para actualizar el valor agregado de distribución que maneja la empresa provincial.

La tarifa de energía tiene tres componentes: el costo de generar la energía, cuyo precio maneja el Gobierno nacional; el transporte de los centros de generación hasta cada provincia (que también determina Nación), y luego, en cada distrito, la distribución domiciliaria y la comercialización de esa energía: medir el consumo, emitir la factura y cobrarlo.

Este último segmento es lo que maneja la distribuidora estatal provincial, que se conoce como valor agregado de distribución (VAD). En ámbitos oficiales aseguran que la situación, pese al atraso, está controlada, y que hay margen para esperar hasta diciembre.

El panorama es complicado en otras distribuidoras: en Santa Fe, por caso, el gobierno de Omar Perotti logró que Cammesa le ofreciera un excelente acuerdo, pero tuvo que garantizarlo con coparticipación, ya que la tarifa está tan atrasada que no le alcanzan los ingresos para pagar deudas.

Por el momento, Epec está negociando aun con Cammesa la aplicación del famoso artículo 87 del Presupuesto nacional, que establecía compensaciones a las distribuidoras que en 2020 no cortaron el servicio pese a la mora, no subieron tarifa o no aplicaron beneficios varios, como planes de pago o el cobro por demanda y no por potencia.

Por caso, Cammesa cobró en julio el 69% de la energía que vendió. Edenor, que fue autorizada para subir sólo el 9% la tarifa, pagó en julio apenas el 57% de la energía que distribuyó. Edesur, un 74%. Epec debe el 4% y es una de las pocas grandes ordenada.

TRIPLE PROBLEMA

Pero Cammesa tiene un triple problema: por un lado, despacha energía a un precio barato y ni así logra que le paguen lo despachado; el segundo problema es que el precio al que vende esa energía no se corresponde con lo que cuesta producirla; y el tercero es que se encareció estrepitosamente el costo de producirla.

Los indicadores de Cammesa al mes de junio señalan que producir un megavatio hora (MWh) costó 8.234 pesos, 81,2% por arriba de los 4.543,40 que costó en junio de 2020. En dólares, pasó de 64 a 86.

Ese costo, llamado monómico, se calcula en función de lo que costó realmente producir la energía según la disponibilidad que hubo. Es la suma del valor de la energía hidráulica, térmica, renovable, fueloil, gas natural licuado y demás, dividida por la cantidad de MW generados. Es un número clave porque, contrastado con lo que pagan los usuarios, determina cuánta plata tiene que poner el Estado nacional.

Semejante aumento de costos se debe a la bajante del Paraná, que llevó a que Yacyretá operara al 50% de su potencia, y además hay problemas operativos en centrales térmicas como San Martín, Vuelta de Obligado y San Nicolás, que debieron reemplazar sus ciclos combinados por generación con fueloil, que cuesta más del doble que el gas natural. Por falta de gas, la central Bicentenario pasó a combustible líquido y luego operó al mínimo varios días porque tampoco había provisión suficiente.

Encima, los combustibles también se incrementaron por el fuerte aumento del precio internacional del barril de petróleo: el Brent pasó de 40 dólares en junio de 2020 a 73,20 ahora.

Así, en emergencia, para generar energía, Cammesa aprobó de urgencia la importación de gasoil, de fueloil y de gas licuado, que son carísimos. Se agrega que la demanda local aumentó 11,8% y que este invierno la temperatura promedio fue 1,1° menor que el invierno pasado. Ese combo explica el salto interanual de 81% en pesos de producir la energía.

Ya sabemos entonces que cuesta 8.234 pesos producirla y que no logra Cammesa cobrar todo lo que vende. ¿Y a cuánto la vende? El precio medio estacional de junio pasado (tomando energía, potencia y transporte) estuvo en 2495 pesos, lo que significa que el sistema paga apenas el 30% del costo. En junio pasado, el porcentaje de cobertura era del 48%, lo que significa un descenso de casi el 40%.

Entre los residenciales, la cobertura es todavía menor, porque no hubo actualizaciones de precio. En febrero pasado entró en vigencia la resolución 131, que les actualizó significativamente los precios a los grandes usuarios (los gudis, de más de 300 kWh, pasaron de 2.900 a 5.500 pesos/MWh), con excepción de los organismos públicos, instituciones de salud y educación. El jueves pasado, volvió a subir 25% la energía a los gudis.

El panorama indica que, a este ritmo, el Estado nacional deberá destinar unos 5.500 millones de dólares en financiar sólo el descalabro del sistema energético. La cifra equivale a 1,4% del PIB o a un tercio del déficit primario esperado para 2021.

Fuente: La Voz del Interior.