La Provincia reactiva la presión con los deudores de impuestos

Los ingresos del Panal hace un año que crecen por encima de la inflación. Esto le devolvió al fisco provincial uno de los pilares clave para sostener el ahorro primario, la bandera financiera que más le gusta exhibir a la gestión de Juan Schiaretti.

Sólo en lo que va de 2021, hasta el 31 de julio, los ingresos totales avanzaron a un promedio mensual del 17,5 por ciento real interanual. Este dato, aunque algo distorsionado por la cuarentena modelo 2020 (por el bajo punto de comparación), supone 106.918 millones de pesos que ingresaron al fisco por sobre lo recaudado un año antes en los mismos siete meses.

Esta mejora se logró, incluso, en un contexto de pandemia en que se resintió fuertemente la actividad, se alteró la cadena de pago de los contribuyentes y se dispuso el aplazamiento de vencimientos y la eximición de tributos en algunos casos.

Aunque para numerosos sectores de la economía la pandemia no pasó (hotelería, gastronomía, transporte, educación, salud), la crisis sanitaria se está disipando para la mayoría. En este sentido, en la Provincia consideran que es tiempo de volver a reactivar la presión sobre los morosos, incluidos los deudores de impuestos patrimoniales, básicamente Inmobiliario (Rural y Urbano) y Automotor.

Aunque desde Rentas aseguran que no se trata de una decisión de salir a cazar agresivamente a los morosos, y menos aún a los pequeños contribuyentes, lo cierto es que las excepcionalidades “pandémicas” se dan por superadas (salvo en las actividades que siguen resentidas), por lo que se ha retomado el habitual cronograma de agravamiento de instancias cuando la morosidad se extiende en el tiempo.

Este medio recibió numerosos ejemplos de contribuyentes que fueron intimados por el fisco a través del correo electrónico (registrado en el CiDi) a ponerse al día por tener deuda de impuestos patrimoniales. En algunos de esos casos, el pasivo ya superó la instancia administrativa, la prejudicial y llegó a los procuradores judiciales, incluso cuando no han pasado más de 20 meses del primer incumplimiento.

Hay que tener en cuenta que el agravamiento de instancia no es gratis, para nada.

Una camioneta Chevrolet Trailblazer, por caso, tiene dos juicios en marcha, uno por 34.252 pesos (por ocho cuotas vencidas y no pagadas de septiembre de 2019 a abril de 2020); y otro por 29.276 pesos (por siete cuotas impagas entre mayo y septiembre del año pasado). Los gastos y honorarios judiciales, entre ambos procesos, suman más de 15.800 pesos.

Según López Diez, “quienes tengan en juicio deuda de 2020 es porque son personas con pagos atrasados de periodos anteriores a ese, no es que sólo se han enviado a juicio deudas del año pasado”.

La morosidad previa puede ser de ese mismo impuesto o de otros tributos que estén a nombre de la misma persona, porque “la deuda se gestiona por Ciudadano Digital y lo que se hace para agravar instancias es revisar todo”, agregó.

Respecto de los casos enviados a juicio, López Diez dijo que “se está haciendo lo que se debería hacer siempre, tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: porque es injusto para el que paga que al que no lo hace no le suceda nada, ni siquiera que se le agrave la instancia”.

QUÉ SUCEDE SI NO SE PAGA

Cuando se supera la fecha del vencimiento y el impuesto no se ha pagado, la Provincia inicia el proceso administrativo de cobro por mora. “Toda gestión tiene su preaviso antes de iniciar un salto de instancia. Enviamos muchos correos advirtiendo el hecho y ofreciendo beneficios al contado, con descuentos en intereses y por pago en Tipa (los títulos lanzados en 2020). Esos mails salen casi automáticamente. Lo que se busca es cobrar, no enviar a juicio a nadie”, dice López Diez.

Superada esa instancia, y si no se salda el pago, pasa a prejudicial, donde una cartera de abogados gestiona la deuda. “Ahí se suman gastos no judiciales, porque no se inicia el trámite en la Justicia, pero sí se pagan los honorarios de los abogados que gestionan el cobro. Es un porcentaje de la deuda, como sucede en cualquier gestión de una tarjeta de crédito, por ejemplo”, explicó la funcionaria.

Si el proceso avanza hasta el trámite judicial, allí hay que sumar los gastos y los honorarios del procurador de la Justicia que tome el caso. También es un porcentaje.

Fuente: La Voz del Interior.