La Provincia abrirá los archivos parlamentarios de la represión
El vicegobernador Martín Llaryora firmó un convenio para tal fin con organizaciones e instituciones de Derechos Humanos. El acuerdo prevé, posterior a la recopilación y organización de la documentación, la publicación de un material bibliográfico a cargo de la Legislatura provincial.
En la mañana del viernes, el vicegobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió en su despacho a representantes de diferentes organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) para rubricar un importante convenio que acuerda la apertura de los archivos históricos pertenecientes al Poder Legislativo.
La documentación oficial, a la que el personal de la Comisión Provincial de la Memoria tendrá libre acceso, se encuentra en los registros de la biblioteca, hemeroteca, área de archivo y demás oficinas parlamentarias, que puedan tener interés en el marco de la Ley provincial 9286.
La medida tiene la finalidad de fortalecer la construcción de la memoria provincial y “establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente entre las partes”. El acceso a estos datos permite, además, que se puedan impulsar investigaciones, denuncias o generar pruebas sobre crímenes de lesa humanidad, desapariciones o violaciones de los DDHH durante aquellos años de terrorismo de Estado.
Entre otros puntos, el convenio establece que, una vez realizada la recopilación, clasificación y organización de la documentación por parte de los expertos de la Comisión, se elaborará un material bibliográfico con la finalidad de publicar dichos registros, complementado con análisis y reflexiones sobre el contenido. La edición estará a cargo de la Legislatura de Córdoba y permanecerá a disposición para su difusión y reproducción.
Si bien los archivos legislativos, considerados de carácter público, fueron durante estas tres décadas de democracia consultados, esta iniciativa -a 40 años del Golpe- busca poner a disposición de la Comisión de la Memoria toda la información relevante a este periodo histórico.
Cabe recordar, en tal sentido, que el Poder Legislativo de Córdoba, como órgano democrático y representativo, durante los años oscuros del gobierno de facto fue uno de los principales poderes del Estado provincial que fue intervenido por la cúpula militar, en el marco del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
El convenio fue suscripto por el Vicegobernador y por María del Carmen Torres, María de los Ángeles Bonzano, María Eleonora Cristina y Clarisa Villares, en representación de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria. También, por la Asociación Civil Expresos Políticos de Córdoba, firmó Elena Hernández.