El Gobierno ve un pacto de impunidad entre la Corte Suprema y el peronismo
La decisión de la Corte Suprema que beneficia judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner generó un cimbronazo político: el Gobierno denunció un “pacto de impunidad” entre el máximo tribunal y el peronismo para dejar tranquila a la senadora y que se baje de la carrera electoral.
Hay varias hipótesis en un mar de especulaciones políticas e histeria electoral. Pero al Gobierno nadie lo convencerá de otra cosa: el peronismo y el kirchnerismo buscan aliviar a Cristina Fernández a cambio del “renunciamiento histórico” de la senadora.
Ocurre que Alternativa Federal se niega a conformar un frente único con el PJ y Unidad Ciudadana. Y en Cambiemos estiman que esto podría revertirse si Cristina pone los votos, pero se corre y deja que lideren los gobernadores.
El actual escenario de tres tercios es el que le da más chances al presidente de Mauricio Macri de ser reelegido. En cambio, si el peronismo se unifica, el fundador del PRO quedaría en desventaja, con una economía que, lejos de ayudarlo, lo hunde.
Temblor judicial
Todo se desató cuando, el martes, la Corte Suprema solicitó de manera “urgente” al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se acusa a la senadora del direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, y cuyo inicio del juicio oral estaba previsto para el martes 21 de este mes.
La Corte quiere revisar si el juez de instrucción Julián Ercolini cometió errores procesales y evaluar si corresponde hacer lugar a los nueve recursos extraordinarios de las defensas de la senadora y de otros imputados.
Pero lo que despierta sospechas en Cambiemos es que el pedido llegó sólo una semana antes del inicio del juicio, cuando la causa había sido elevada a esta instancia 15 meses atrás, en marzo de 2018.
La disposición del máximo tribunal demorará el inicio del proceso oral contra la expresidenta y contra el resto de los acusados, entre los que figuran Lázaro y Martín Báez, Julio De Vido y José López, entre otros.
Ayer el fiscal general del caso, Diego Luciani, pidió que la Corte devolviera el expediente antes del martes y que en última instancia revisara la causa con el archivo digitalizado. Esto fue respaldado por Eduardo Casal, Procurador General de la Nación.
Fuentes de la Corte consultadas por este medio rechazan las acusaciones y descartan la más remota “intención política”. Hablan de resolver, previo al juicio, cuestiones que hacen al derecho de defensa y que, de no tratarse, podrían acarrear la nulidad de la causa de la polémica.
Histeria oficial
La preocupación en la Casa Rosada es total. El propio Macri pidió ayer que “no haya impunidad”. También lo hicieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. La diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, disparó con todo.
Esta decisión de la Corte fue la que más reacción generó en la Casa Rosada en 40 meses. No había ocurrido ni con los fondos para las provincias, ni con las jubilaciones, ni con las tarifas, aun cuando eso podría haber comprometido toda la política económica oficial.
“Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande”, afirmó Garavano. Y Peña agregó: “No queda duda de que hay una intencionalidad política; no digo en jueces, sino en sectores que no quieren que Cristina Kirchner vaya a juicio”.
La Oficina Anticorrupción (OA), que actúa como querellante en la causa, le exigió al Tribunal Oral Federal 2 que no pospusiera el inicio de ese juicio. Laura Alonso, titular de la oficina, sostuvo: “Es una escandalosa resolución de la Corte Suprema en busca de impunidad para la expresidenta”.
En el Gobierno le apuntan directamente al exjefe de Gabinete y actual armador político de Cristina, Alberto Fernández. Alonso y Carrió abonaron esta teoría que lo posiciona al exfuncionario como artífice de la búsqueda de “absolución” de Cristina a través de la nulidad de la causa. Fernández se defendió usando una ironía sobre el poder que le asignan.
Carrió, contra todos
La diputada Carrió denunció que el “pacto de impunidad” es entre el PJ, el kirchnerismo y las corporaciones empresariales que están vinculadas a la denominada causa de los cuadernos de las coimas, dado que sus directivos “no quieren ir presos”.
Según señaló, el “operador” detrás de la estrategia se llama Guillermo Seita, y “está trabajando con parte del peronismo federal, con el kirchnerismo y que trabaja con alguien de Cambiemos”. Seita, además, está muy vinculado al peronismo cordobés. La legisladora desconfía de Rogelio Frigerio, ministro del Interior.
“Es un personaje siniestro que anda por todos lados y que maneja a Silvio Robles, que es el consejero de Horacio Rosatti”, sostuvo la cofundadora de Cambiemos en declaraciones al canal TN.
Según dijo, Seita “opera” en línea con Rosatti y con otro juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en línea directa con Alberto Fernández. “Fernández tenía una enorme influencia sobre Elena Highton de Nolasco, quien fue nombrada durante el kirchnerismo y mantuvo una relación personal permanente con él. El acuerdo se hizo entonces con Lorenzetti y (Carlos) Zannini”, disparó Carrió.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior