El Gobierno y los bonistas cruzaron ofertas, y el acuerdo parece más cerca
Argentina y sus acreedores siguen negociando y ayer acercaron sus posiciones a un punto que no habían alcanzado nunca, por lo que en el Gobierno se entusiasmaron con la idea de alcanzar un acuerdo antes de que venza el plazo del 2 de junio, aunque no se descarta ampliarlo por 10 días más para lograr el entendimiento.
Anoche, a última hora, el ministerio de Economía hizo pública una contraoferta, pocos minutos después de que dos grupos de acreedores –entre los que figuran grandes fondos de inversión como Blackrock, Fideliity y Ashmore– hicieran lo propio.
La diferencia entre las partes quedó estipulada en aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Esto es porque los bonistas ofrecen un alivio en el flujo de caja para la Argentina de unos 36.000 millones de dólares durante los próximos nueve años y el Gobierno pretende que sean 40.000 millones (unos 2.000 menos que en el prospecto presentado el 21 de abril pasado).
Este es el resultado de las frenéticas negociaciones telefónicas y por videoconferencia que tuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre el 23 y el 28 de este mes, con los grupos de bonistas bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.
El vencimiento de la Invitación está programado para el 2 de junio de 2020. Pero Argentina y sus asesores pretenden continuar con las discusiones con los inversores para promover una reestructuración de deuda que contribuya a estabilizar la situación económica actual, a mitigar las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía creadas por su actual carga de deuda, y a orientar la trayectoria del país hacia un posible crecimiento de largo plazo.
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer en Misiones que “el manejo de la deuda llevará el tiempo que necesite” y advirtió que se “trata de una negociación” en la que “no hay que correr”, porque “lo que tiene que preocupar es que el resultado final sea lo que más convenga como país”.
Luego Guzmán confirmó que hubo “un acercamiento importante” con un grupo de bonistas en las renegociaciones, aunque aclaró que aún resta un “camino importante por recorrer” para alcanzar un acuerdo.
“El grupo de acreedores llamado Ad Hoc se movió en la dirección correcta con respecto a su oferta previa, pero el movimiento fue corto, insuficiente para las necesidades del país. Esperamos seguir trabajando con este grupo, que al día de hoy son quienes tienen una posición más alejada de las restricciones que enfrenta nuestro país”, dijo Guzmán.
La oferta de los bonistas
Justamente, dos grandes grupos de acreedores presentaron ayer en forma conjunta una nueva contraoferta para la reestructuración de bonos emitidos bajo ley extranjera por 66.238 millones de dólares.
La nueva contrapropuesta fue presentada conjuntamente por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (Ad Hoc Bondholder Group) y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina (Argentina Exchange Bondholder Group).
Sin dar detalles de los parámetros específicos de su nueva propuesta, ambos grupos dijeron en un comunicado que su oferta supone para Argentina un alivio de flujo de caja de 36.000 millones de dólares en un plazo de nueve años.
Estos grupos, liderados por poderosos fondos de inversión y con tenencias significativas de bonos argentinos, ya habían presentado dos semanas atrás contraofertas por separado.
Hasta ahora, los expertos daban a la oferta inicial de Argentina un valor neto presente de 40 dólares por cada 100 dólares de valor nominal de los bonos a canjear, mientras asignaban un valor de entre 50 y 60 dólares a las propuestas presentadas por los acreedores hace dos semanas. Esas diferencias se acortaron llegando a un punto que no habían alcanzado antes. Pero el Gobierno, que hoy tiene la pelota para cerrar un acuerdo, pretende que el ahorro del país sea mayor en los próximos años.
El FMI, fiscalizador: Es un pedido de acreedores
Los bonistas que no confían en Argentina piden un árbitro.
Uno de los puntos en conflicto entre la Argentina y los acreedores externos está en quién será el encargado de medir la economía argentina en caso de que se acuerde pagar un cupón del PIB.
El Gobierno dice que debe medirlo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero los bonistas no confían porque ese organismo les “corrió el arco” en 2014, cuando cambió la base de cálculo de 1993 a 2004 y así impidió que se abonaran intereses de la deuda. Fue una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Esto llevó a dos juicios millonarios en Nueva York que permanecen abiertos contra el país. Los bonistas piden ahora que sea el Fondo Monetario Internacional quien audite de forma permanente las variaciones macroeconómicas de la Argentina.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior