Gilligan, el primer sospechado de corrupción que renuncia
Valentín Díaz Gilligan tardó tres días en renunciar al gobierno de Mauricio Macri. El subsecretario general de la Presidencia fue acusado de haber ocultado deliberadamente un depósito millonario en un paraíso fiscal, en su declaración jurada de bienes, que es obligatoria para todo funcionario público. La presión para que dejara su cargo provenía no solamente de la oposición, sino especialmente del oficialismo. El Presidente aceptó su dimisión de inmediato.
“A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada”, dijo Díaz Gilligan en su carta de renuncia indeclinable.
Dijo que las acusaciones en su contra “son falsas y así quedará debidamente comprobado” y que demostrará su “inocencia en todos los ámbitos”.
Díaz Gilligan se convirtió así en el primer funcionario de la alianza Cambiemos en sus dos años de gobierno en renunciar por sospechas de corrupción.
En agosto de 2016, Juan José Gómez Centurión fue separado como jefe de la Aduana tras haber sido denunciado por ser el supuesto encubridor de una banda de contrabandistas, mediante inconsistencias en importaciones. Pero dos meses después el funcionario fue reincorporado por el Presidente luego de que la Justicia estimó que no había elementos para incriminarlo.
Socios
Dirigentes de peso del oficialismo, como el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, el radical cordobés Mario Negri, o el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió, habían reclamado en las últimas horas que Díaz Gilligan pidiera licencia, para aclarar su situación.
El pedido fue en realidad una presión directa y hasta ahora inédita al núcleo duro macrista del gobierno de parte de los principales socios del PRO en Cambiemos: la UCR y la Coalición Cívica.
A este reto interno se le sumó el avance de la investigación de la Oficina Anticorrupción, que conduce la ultramacrista Laura Alonso, que horas antes de la renuncia del funcionario había confirmado que Díaz Gilligan no incluyó en sus declaraciones juradas el depósito de 1,2 millón de dólares en un banco de Andorra.
Ese dinero -que por estar depositado en un paraíso fiscal no pagaba impuestos en la Argentina- pertenecía a una sociedad británica dedicada al negocio de transferencias de futbolistas.
Aunque era directivo y accionista de la firma, el ahora exfuncionario señaló al periodismo que ese dinero no era suyo, sino que le pertenecía al empresario Francisco “Paco” Casal, a quien habría ayudado en virtud de los problemas fiscales que enfrentaba. Es decir, admitió que era su testaferro.
Díaz Gilligan se desvinculó de la firma en noviembre de 2014, cuando fue nombrado director general de Turismo de la Ciudad por Macri, entonces jefe de Gobierno.
En la Casa Rosada estaban molestos por el “tamaño mediático” que cobró la acusación contra Díaz Gilligan, a quien consideran un funcionario de rango menor. “Hicieron un escándalo por una situación que no afectaba a dineros públicos. Y justo La Cámpora es la que presenta la denuncia en la Justicia”, dijo a este diario un vocero gubernamental.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior