Gatillo fácil: el protocolo policial generó más críticas que adhesiones
En medio del impacto social que provocó el segundo caso fatal de “gatillo fácil” policial en menos de tres meses en la provincia de Córdoba, ayer el Gobierno provincial buscó tomar la iniciativa: presentó un protocolo interno para los uniformados en el que se detalla cuándo pueden disparar sus pistolas reglamentarias y cuándo no lo deben hacer.
“Reafirmamos la convicción de que el derecho superior de toda persona es la vida, por eso este protocolo ratifica una vez más el uso de arma de fuego como una excepción y sólo cuando median cuestiones importantes y legislaciones expresas”, indicó el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, en el acto de presentación que se realizó a media mañana en el Panal.
Junto a él se sentaron a la misma mesa el jefe de Recursos Humanos de la Policía, comisario mayor Julio Faria; el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo (hijo del vocal del Tribunal Superior de Justicia Luis Angulo), y la especialista en seguridad Mariana Carbajo.
En síntesis, el protocolo resume en qué casos los policías no deben disparar para luego no ser perseguidos por la Justicia.
La presentación de este protocolo había sido anunciada por la Provincia el domingo a la noche, en medio de la conmoción por el crimen policial de Joaquín Paredes (15) ocurrido esa madrugada en la población de Paso Viejo, en el norte cordobés. Por este caso hay cinco policías detenidos y acusados de homicidio: la fiscal Fabiana Pochettino insiste en que sólo hubo disparos oficiales en la escena del crimen.
La novedad de este protocolo generó sorpresa por diferentes motivos.
Primero, porque el propio ministro Mosquera y el jefe de Policía, Gustavo Vélez, habían respondido en distintas oportunidades que no era necesario hacer una revisión interna en la formación y capacitación policial.
El 1° de julio último, al finalizar el juicio por el trágico asalto a la financiera de Nueva Córdoba, los jueces de la Cámara 8ª del Crimen, Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, no sólo impusieron duras condenas a los acusados, sino que también dedicaron largos párrafos en señalar gruesas fallas al interior de la formación policial. Tanto en el momento de afrontar una situación de extrema tensión como en los momentos posteriores para saber preservar una escena del crimen.
Un día después, Mosquera respondió ante una consulta de La Voz que no estaba en estudio revisar el programa de capacitación policial.
Poco más de un mes después, el asesinato a manos de policías de Blas Correas (17), ocurrido en la ciudad de Córdoba durante la madrugada del 6 de agosto en un control callejero, volvió a poner en discusión la preparación policial. En el caso también se investiga toda una cadena de encubrimiento, que incluyó la “plantación” de un revólver en la escena del crimen y que tiene a altos comisarios imputados.
Otra vez, el Gobierno cordobés negó falencias en la formación policial. Incluso, semanas después, el jefe de la fuerza, Gustavo Vélez, le dijo a este medio: “Nosotros tenemos una capacitación continua desde hace cinco años hasta para ser conductores de motos”. Y recordó que hacía dos años que estaba vigente un protocolo interno en el que se indicaba a los uniformados cómo actuar cuando alguien evade un control. En él, se les recordó que no podían disparar si no había riesgo concreto para los policías o para terceros.
Por escrito
Pero, después de ello, en medio de la investigación por el crimen de Blas, en la fiscalía de José Mana se toparon con una sorpresa: los jefes negaron que ellos hubieran violado algún protocolo por la sencilla razón de que no existía nada escrito dentro de la fuerza. Ante esto, otros altos comisarios fueron citados a declarar como testigos y dijeron lo mismo. En la fuerza hay manuales procedimentales de formación y actuación policial, y todo se rige por el Código Penal y por el Código Procesal Penal de la Provincia, reiteraron.
El dato en Tribunales 2 no pasó inadvertido en la Jefatura y en el Panal, donde se sigue con suma atención cada paso de la investigación por el asesinato de Blas, causa que tiene, por ahora, a 13 policías imputados.
Pero el protocolo que ayer se presentó, coincidieron especialistas en seguridad y familiares de víctimas de “gatillo fácil”, asoma más bien simple, como si se tratara de una forma sencilla de interpretar el Código Penal.
“Un protocolo del uso de armas de fuego por parte de la Policía debe establecer con total precisión en qué circunstancias el personal está autorizado para usar su arma, de manera que cuente con la tranquilidad de que si lo hace de ese modo su accionar estará justificado y no será motivo de reproche penal por aplicación del artículo 34 del Código Penal, y la ciudadanía tendrá la tranquilidad de que nadie actuará por fuera de esta normativa”, describió Omar Eduardo Capdevila, exministro de Seguridad de la Provincia y especialista en la materia.
«Por eso es que debe precisar cuáles son las situaciones de peligro posibles y cómo se manifiestan éstas, cuál debe ser la situación del agresor en lo atinente a su conducta previa y actual y si se encuentra o no armado y en su caso de qué modo, cuáles son las distancias, obstáculos y parapetos que lo separan del agente o de terceros, entre otras cuestiones. Nada de esto está contenido en el llamado Protocolo que ha sido hoy (por ayer) presentado. No es un protocolo, es un conjunto de conceptos generales y vaguedades carentes de operatividad», apuntó.
Y completó: «Tan es así que cualquier agente policial que lo lea no sabrá cuándo podrá usar su arma y cuándo le estará vedado hacerlo. La única consecuencia de ello será que, ante la necesidad de hacerlo como no sabrá si puede o no actuar, se haga el distraído y omita cumplir con su deber».
En ese sentido, ayer los WhatsApp de los agentes policiales ardieron. La gran mayoría se enteró del protocolo por los medios y la primera reacción fue de rechazo, ya que aseguran que ahora tendrán “las manos atadas”. Está claro que, en medio del apuro del anuncio, aún nadie se lo explicó.
Otra exministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, experta en la materia, agregó: “El protocolo solo no te soluciona nada. Tiene que ir acompañado de dos preguntas de fondo: cuánta fuerza y cuándo. Y para resolver esas preguntas se necesita mucho entrenamiento riguroso”. “No se trata sólo de limitar el accionar policial, es entender cómo y por qué se producen esas malas prácticas que terminan en hechos lamentables. Hacer un protocolo es necesario, pero no es la solución del problema”, concluyó.
Por su parte, la mamá de Blas Correas, Soledad Laciar, indicó: “No lo pude terminar de leer porque me dio asco. El punto 11 (en el que se indica la contención a los familiares) me pareció una cargada hacia nosotros. ¿Protocolo para qué? ¿Para que siga estando la misma gente sin capacitación? Le ley ya les dice cómo tienen que actuar, la verdad que no entiendo qué buscan con este protocolo”.
Defensa
Por su parte, Mosquera aseguró que los útimos resonantes episodios de excesos no volverán a ocurrir “porque el protocolo será de cumplimiento obligatorio”.
“Los oficiales jefes que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato sus cargos, teniendo que cumplir con las normativas establecidas”, aclaró el ministro.
“Se tiene que terminar todo tipo de hostigamiento y malos tratos, todo tipo de atropellos. Anhelamos una policía respetuosa de la gente, que honre su uniforme pero no sería ni justo ni leal conmigo mismo si no dijera que la inmensa mayoría de los que integran la Policía de Córdoba, honran su uniforme”, cerró.
Qué dice: Una “ley” interna
Algunas situaciones en las que los policías no pueden disparar.
Multitud. Efectuar disparos hacia una multitud.
Vehículos. Efectuar disparos desde o hacia vehículos en movimiento. Se exceptúa esta regla en los casos en que se encuentren en riesgo la vida del personal policial o la de terceros.
Bultos. Efectuar disparos hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido a través de aberturas u obstáculos.
Terceros. Disparar cuando esto implique un riesgo para terceros.
Daños materiales. Disparar para controlar a quienes sólo están causando daños a objetos.
Autoagresiones. Efectuar disparos para detener a personas que se están autoagrediendo.
Disuasión. Usar el arma de manera directa o como herramienta de disuasión frente a la huida de un control vehicular, la fuga de una persona aprehendida o perseguida para aprehender o la falta de cumplimiento de una orden verbal, salvo que se encuentre en riesgo inminente y grave la vida del personal policial o la de terceras personas.
Hostigamiento. Entendido como el conjunto de prácticas que constituyen las relaciones entre el personal policial y la ciudadanía.
Defensa. No pueden utilizar técnicas de defensa personal que impliquen riesgo para la vida de las personas.
Reproches y desmentidas
1º de julio de 2020. La Cámara 8ª del Crimen, en el fallo por el tiroteo de Nueva Córdoba, cuestiona la formación y la capacitación policial.
2 de julio. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, responde a las críticas judiciales indicando que no está en agenda rever la formación en la fuerza.
4 de julio. José Antonio Ávila (35) fue asesinado por un balazo policial en Villa El Libertador. Dos agentes de la fuerza fueron imputados y detenidos.
6 de agosto. Valentino Blas Correas (17) fue asesinado en un control policial de la avenida Vélez Sársfield, en la ciudad de Córdoba. Lo mató un balazo policial.
1º de septiembre. El jefe de Policía, Gustavo Vélez, aseguró que la fuerza tiene una óptima capacitación y dijo que el crimen de Blas había sido un caso aislado.
15 de octubre. En la investigación por el crimen de Blas, el fiscal José Mana descubrió que no había protocolos escritos dentro de la Policía.
25 de octubre. Joaquín Paredes (15) fue asesinado por policías en una plaza de Paso Viejo junto con unos amigos. Otros dos jóvenes fueron baleados.
26 de octubre. Sobre el jefe de la Policía de Córdoba, Vélez, el ministro Mosquera planteó que “por el momento está trabajando”.
26 de octubre. El arco opositor político reclama que el Gobierno de Córdoba dé explicaciones concretas sobre los casos de “gatillo fácil”.
27 de octubre. Se presenta el nuevo protocolo policial interno, en el que se indica que el uso del arma es la última opción.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior