Policiales

El Estado empieza a pagar parte de los salarios de privados

El viernes próximo, si todo sale como se anunció, el Gobierno nacional comenzará a pagar una parte de los salarios de los trabajadores privados de la Argentina.

Se calcula que unos 3,5 millones de asalariados, el 60% del total, recibirá esa ayuda, que tendrá un piso de 16.875 pesos y un tope de 33.750 pesos por dependiente, según estableció esta segunda vuelta del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP).

Será para los salarios de abril, pero podrá incluir (con iguales beneficios o no) los meses de mayo y junio. Incluso el decreto 376 establece que llegaría hasta octubre para los sectores más afectados. Paralelamente, esta semana empezará la inscripción de monotributistas y autónomos que pidan los préstamos tasa cero de hasta 150 mil pesos.

La medida implica varias preguntas operativas, pero supone un importante giro ideológico puertas adentro de Gobierno. La administración de Alberto Fernández pasó de sugerir “que las empresas vendan los dólares para pagar sueldos” o de llamar “miserables” a algunos empresarios a asumir esa obligación para todas, sin distinción de tamaño o actividad.

El paquete de ayuda a privados está compuesto por 70 mil millones de pesos mensuales para las firmas que estén afectadas por el aislamiento.

Preguntas

El primer interrogante es si los fondos llegarán a tiempo: supone un gran operativo logístico para una operación nunca hecha antes. El jueves cerró en la web de la Afip el registro para anotarse en el ATP o modificar datos puestos en la primera versión del programa. Hay 460 mil inscriptos. El viernes, muchas empresas comenzaron a recibir las notificaciones de la aprobación.

“Desde el estudio nos avisaron que fuimos aprobados”, cuenta Natalia Zanetta, de El Hogar, una mueblería familiar de Bell Ville. “Nosotros no solicitamos nada para el rubro agropecuario; nos aprobaron prácticamente todo, excepto uno referido a la construcción por el código de actividad que tenía al 12 de marzo”, cuenta Luciano Brunotto, socio del área de impuestos del estudio Castillo & Asociados.

Jefatura de Gabinete informó que, al viernes, el 26% de las empresas fueron aprobadas: son 1.627.940 trabajadores de 158.731 empresas.

En la semana se analizará al resto, incluyendo a las de más de 800 empleados, que requieren de un análisis especial, porque la ayuda está condicionada a su situación financiera y a la no distribución de utilidades, entre otros aspectos.

El salario complementario será un subsidio que se depositará en la cuenta sueldo de los trabajadores.

El requisito fundamental es que entre el 12 de marzo y el 12 de abril de este año hayan facturado lo mismo o menos que igual período de 2019, sin tener en cuenta la suba de precios.

Muchos cuestionaron que no se permitiera descontar la inflación del 48,4% del período, que la fecha inicie el 13 y no el 20 y el hecho de que facturado no signifique cobrado: muchas están esperando el pago todavía.

Sí se permite tomar el aporte estatal a cuenta de los salarios con recortes que empresas y gremios acordaron bajo la figura del 223 bis.

Titanic hacia abajo

El segundo interrogante es si la ayuda llegará a tiempo y si alcanza. “Hoy tenés ya el Titanic apuntando para abajo”, grafica el economista Gustavo Lazzari. Y enumera: “Desde el 20 de marzo a esta parte hubo unos 20 vencimientos impositivos que no fueron prorrogados, una boleta y media de luz y de gas, un alquiler y medio, dos quincenas y ahora se viene la tercera. Este delay no es gratis”.

Lazzari sostiene que, cuando se retome la actividad económica, las pyme tendrán que enfrentar juicios de todo tipo. “Si tienen el cuchillo en la espalda, ¿cómo empiezan a dar la rueda de vuelta?”, dice.

“Para muchas pyme, el crédito de 150 mil cubre la cuarta parte de sus costos”, describe Damián de Pace, especialista en pequeñas y medianas empresas.

Hay firmas que han aplicado recortes salariales de hecho, otras han pagado hasta donde tuvieron y otras han acordado con sus gremios recortes del 20 a 30%, bajo la única figura que quedó en pie, que es el 223 bis, avalada incluso por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

“Estamos viendo que está funcionando bien ese mecanismo, hay actividades que están pactando suspensiones con pago de compensaciones”, dijo el funcionario.

Si los recortes tienen el aval oficial porque ahora se comprendió que hay que proteger el empleo, puede inferirse que será el propio Ministerio el que inste a los gremios a acordar recortes. El salario privado promedio hoy es de 45 mil pesos. Si el Estado paga la mitad, si bajo el 223 bis se suspenden las cargas patronales y se acuerda la rebaja del salario, las empresas deberán afrontar el 15% de un sueldo promedio. Si se tienen reservas, se podrá seguir hibernando. Para otras, imposible si las ventas siguen en cero.

Y ahí vamos al último punto: ¿cuánta cuarentena más se puede resistir? Está claro que desde el 20 de marzo a esta parte se sumaron varias actividades, pero los consumos están acotados a lo indispensable: falta mercado porque el mercado está encerrado.

“La curva sanitaria se logró aplanar, pero no se está teniendo previsión respecto de la caída de la curva económica, es terrible”, dice Di Pace. “Incluso, las empresas que están operativas no están tirando manteca al techo, esto no se sostiene por mucho tiempo más”, agrega.

El economista Fausto Spotorno, tomando una propuesta de Lazzari, fue el primero en proponer un “salario universal” a los asalariados: 30 mil pesos para todos, a través del FGS de Anses, algo similar a lo que salió.

“Me parece bien la ayuda de los sueldos, pero es hora de empezar a levantar la cuarentena, no escuchar solo a los infectólogos, sino a todo el mundo”.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior