Análisis de innovación política en el proyecto público nacional de ciberseguridad

En el presente escrito me propongo analizar el ciclo de política pública, desarrollado en base a un modelo de innovación política con base en una planificación participativa, que le permitió a la Argentina diseñar y comenzar a implementar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC en adelante), aprobada por el Comité de Ciberseguridad (CC en adelante) en 2019.

En tal sentido, al hablar del ciclo de política pública voy a referirme a las etapas propias del proyecto participativo, que incluyen el análisis, diseño, gestión y evaluación de dicha política. Por innovación política me refiero a aquel conjunto de herramientas de gestión de transformación social, de carácter colectivo, que tienen por fin un desarrollo de carácter integral, vinculado al bien común de la sociedad. La base participativa de tal proceso es posible por el involucramiento activo de múltiples actores interesados,  relacionados con el objeto sobre el que recae la política en cuestión, es decir, sector educativo, sociedad civil, empresas, con un papel preponderante del Estado, nivel nacional principalmente en este caso de estudio.

En primer lugar, voy a realizar un análisis contextual y de la situación argentina actual con énfasis en aspectos vinculados a la Gobernanza de Internet y  la ciberseguridad que se presentan como perfectibles y que están en la base de la ENC.  Se entiende por Gobernanza de Internet  “a los procesos y normas que afectan la forma en que se gestiona Internet”[1], siendo principalmente de carácter internacional. Me concentraré principalmente en la Ciberseguridad, por ser más asequible para el diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional. Entiendo por Ciberseguridad a aquel conjunto de normas, políticas, procedimientos, tecnologías aplicadas por cierta comunidad, actor social o individuo en respuesta a vulnerabilidades propias de los recursos cibernéticos.

El contexto  actual sea internacional o nacional está signado por la irrupción del factor tecnológico-digital como elemento clave para analizar las relaciones entre los diferentes actores participantes sea a nivel doméstico o en la comunidad internacional. En tal sentido, realizaré un punteo de aspectos que considero esenciales de la llamada “Revolución Digital”, que en realidad ya se encuentra en una etapa más avanzada que lo digital, denominada “Deep-tech-innovation”[2], pero que no altera el análisis a continuación.

• En el contexto de emergencia del desarrollo tecnológico se da en primer lugar la búsqueda de consensos en aspectos elementales como la definición de conceptos referidos a lo digital, en torno a los que construir estándares, acuerdos, políticas, líneas de acción y relacionamientos entres los diversos actores intervinientes.
• Argentina ha sido un país pionero en aspectos vinculados a la incorporación a este nuevo orden digital y la ciberseguridad hacia la década del ´90. Sin embargo, con el transcurrir de los años se observa que ello evolucionó en esfuerzos aislados en la materia y una fragmentada instrumentación a nivel público, sea nacional o provincial o municipal de políticas en la materia, así como cierta demanda de una profundización de la educación digital en los ámbitos académicos, laborales e institucionales. Tal tipo de desafíos es común a gran parte de los países, los que avanzan a diverso ritmo e intensidad en una progresiva transformación para  adecuarse ventajosamente a estos cambios tecnológicos.
• Para el cumplimiento de metas en tales aspectos sería funcional la conjunción del esfuerzo público/ privado y espacios de generación de políticas y acciones con participación de múltiples actores involucrados en la agenda digital, con un rol central del Estado.
• En este contexto le cabe una función vertebral a la cooperación internacional, con una visión holística, pero sin descuidar aspectos de la geopolítica de lo digital, donde los Estados y grandes corporaciones actúan en función de sus intereses y de los grupos sociales que representan.
• Se da la conveniencia de definir una posición nacional dinámica en aspectos de Gobernanza de Internet, con una mirada integradora, por ser una materia transversal, que atraviesa todos los sectores y aspectos de la convivencia social. La cuestión digital influye perceptiblemente en los ámbitos políticos, de seguridad y defensa, pasando por los económicos y los socio-culturales y académicos.
• La irrupción de Internet en la vida cotidiana en lo que se denomina Internet de la Cosas (IoT), sumado al crecimiento vertiginoso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos productivos, de prestación de servicios y vinculación social, ha producido una progresiva tensión entre derechos de las corporaciones intermediarias, del Estado y el individuo. Ello ha llevado a que ciertos derechos ciudadanos dentro del Estado de Derecho, tal como se conocen hasta la actualidad, sean objeto de posibles reformulaciones (por ejemplo, el derecho a la intimidad).
• La búsqueda de fórmulas políticas que resguarden la seguridad del Estado, los derechos de la grandes empresas, así como los derechos de los ciudadanos, es un debate vigente y común a todas las áreas vinculadas a Internet.
• La necesidad de actualizar normativa internacional y nacional que permita dar un marco a la cooperación internacional adecuado a los objetivos de gobernanza de Internet y de ciberseguridad es prioritario, visto la velocidad con que ocurren los cambios tecnológicos y los desafíos que se presentan.
• Los desafíos que se plantean por delante no son sólo sobre los contenidos de lo que circula en Internet, sino que también se extienden sobre procesos vitales y que hacen a la cosmovisión del hombre en su entorno social, nacional e internacional.
• La ocupación de espacios en estos aspectos moldearán las sociedades del presente y del porvenir. Los países que logren articular una estrategia nacional en tal sentido serán los que no sólo logren mayores beneficios económicos, sino que preservarán y proyectarán su identidad social, política y cultural. En tal sentido, se destaca el espacio preponderante de banda que ocupan la circulación de material audiovisual cultural, con un fin fundamentalmente de entretenimiento, lo que influye la formación socio-cultural de grandes grupos sociales y plante brechas generacionales de relevante impacto a mediano y largo plazo.

En este contexto, donde se ven necesidades, problemas y desafíos es que se asienta el diseño de política que dio lugar a la ENC, destinada a armonizar los esfuerzos que se venían realizando y preparar a la sociedad y al Estado para lidiar exitosamente con las nuevas tecnologías desde el enfoque de la seguridad para uso.

Es así como, en primer lugar, por decreto 577/2017, se creo a nivel nacional el CC, con la participación del ex-Ministerio de Modernización, Defensa y Seguridad[3], a los que después se sumaron Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos[4].

De acuerdo con el texto de la normativa, el mencionado Comité tiene por tareas: desarrollar la ENC en coordinación con demás áreas competentes; elaborar un Plan de acción para la implementación de dicha Estrategia; convocar a otros organismos para que participen en la implementación; impulsar el dictado de un marco normativo en la materia; fijar los lineamientos para la definición,  identificación y protección de infraestructuras críticas[5].

(*) El autor es Doctor en Politología y Licenciado en Relaciones Internacionales.

(1) https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/

(2) https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation

(3) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cofemod_comisionciberseguridad_plan_de_trabajo_2017.pdf

(4) https://www.infobae.com/politica/2017/07/31/el-gobierno-creo-un-comite-para-elaborar-una-estrategia-de-ciberseguridad/

(5) https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/Cofefup/tecnologia/documentos