Alquileres en Argentina: qué cambió tras la derogación de la ley y qué hay que tener en cuenta hoy
Desde la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario argentino atraviesa un nuevo escenario. Ya no existe una norma especial que regule plazos mínimos, aumentos o modalidades de actualización.
Desde la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario argentino atraviesa un nuevo escenario. Ya no existe una norma especial que regule plazos mínimos, aumentos o modalidades de actualización. En su lugar, rigen las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación y, principalmente, el contrato que acuerden las partes.
Esto implica un cambio profundo: hoy las reglas del juego se definen caso por caso. Las partes pueden pactar libremente la duración del contrato, la forma de actualización del canon locativo, la moneda de pago y las condiciones de rescisión, siempre que no se incurra en cláusulas abusivas.
En la práctica, lo más habitual son aumentos trimestrales o cuatrimestrales, aunque también se observan contratos con ajustes semestrales, anuales, en dólares o incluso con fórmulas privadas.
La ausencia de una ley específica también plantea desafíos. El alquiler está directamente vinculado al derecho a la vivienda, reconocido constitucionalmente, y no siempre las partes negocian en condiciones de igualdad. Aunque la libertad contractual es valiosa, resulta fundamental que existan pautas claras y que las personas estén debidamente informadas antes de firmar.
Entre los puntos clave que hoy deben revisarse en todo contrato de alquiler se destacan: el plazo de duración, las causales de rescisión anticipada, los índices y la frecuencia de actualización del precio, y el estado del inmueble al momento de la entrega. Este último aspecto es especialmente relevante, ya que suele generar conflictos al finalizar la locación.
En este nuevo contexto, el contrato se convierte en la verdadera ley entre las partes. Leerlo detenidamente, comprender cada cláusula y, de ser necesario, consultar a un profesional antes de firmar es hoy la principal herramienta de protección tanto para inquilinos como para propietarios.