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Política - 19 noviembre, 2020

Aborto 2020: cómo votarán los diputados y senadores por Córdoba

Los “celestes” se imponen sobre los «verdes» en los legisladores nacionales en Diputados. En Senadores se invierte esa realción de fuerzas. Quedan cinco legisladores sin definir postura.

A un día de que el presidente Alberto Fernández confirmara que enviará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al Congreso y de que comenzaran a circular los detalles de la iniciativa, los diputados, diputadas, senadores y senadora de Córdoba expresaron cuáles son sus intenciones de voto. Los “celestes” se imponen sobre los verdes en los legisladores nacionales en Diputados y en Senadores, se da la situación contraria.

Ante la consulta individualizada de La Voz con cada congresista, los diputados que en 2018 votaron en contra, lo volverían a hacer. Se trata de Diego Mestre (Justos por el Cambio); Héctor Baldassi (JPC); Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Ari en Juntos por el Cambio); Soledad Carrizo (JPC) y Paulo Cassinerio (Córdoba Federal).
Se sumarán a la lista celeste los diputados electos en 2019, Gabriel Frizza (JPC); Víctor Hugo Romero (JPC); Soher El Sukaría (JPC); Luis Juez (JPC) y Adriana Ruarte (JPC).

De esta manera suman 10 de 18 los votos en contra ya definidos.

Por su parte, quienes manifestaron su posición a favor son las diputadas Brenda Austin (JPC) y Gabriela Estévez (Frente de Todos).

También lo hará Pablo Carro (FDT) tal como ocurrió en 2018. En esta oportunidad se sumará al voto “verde” Eduardo Fernández (FDT), quien celebró el cumplimiento de la promesa de campaña de su espacio político, al igual que un compromiso por “saldar la deuda social”.

La lista de los verdes en Córdoba sólo suma cuatro confirmados.

Entre los cuatro legisladores que aún no emitieron su voto se encuentra Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. Negri votó a favor en 2018, aunque ante la consulta desde su espacio indicaron que antes de dar a conocer su posición lo va a hablar con el bloque. “Al igual que sucedió hace dos años, cuando entre el proyecto, primero lo leerá, lo discutirá en el bloque más allá de su decisión personal y luego saldrá una definición”, aseguraron.

Quienes aún mantienen su posición en secreto son 3 de los cuatro diputados por Córdoba Federal, del schiarettismo. Se trata de Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo. Ellos aún no indicaron cuál será su posición ya que lo analizarán primero en su bloque y luego tomarán una decisión.

La postura de Vigo adquiere relevancia en este contexto: su voto fue la única abstención en Diputados en 2018. En esta oportunidad no reveló cuál será su voto, ni siquiera si volverá a abstenerse, también aseguraron que no entra en la categoría “aún sin definir”. “Creo que las mujeres no podemos seguir siendo las dobles víctimas: por un lado, el aborto, y por el otro, la penalización de esa decisión. Por eso sostengo la despenalización, para terminar con la criminalización de las mujeres. El Estado debe estar presente en estas situaciones”, indicó. De esta manera, quien se muestra como referente en temas de género en la provincia y marca una clara línea de posicionamiento en su partido respecto al tema, se mostró a favor de la despenalización y no de la legalización.

En cuanto a la Cámara Alta, el senador Carlos Caserio (CF) como Ernesto Félix Martínez (JPC) coincidieron en que acompañarán con voto positivo el proyecto aunque aclararon que bregarán por la objeción de conciencia institucional y la no penalización a los médicos. “Todo lo que tenía que decir lo dije en 2018. En relación a la oportunidad la considero inadecuada por configurar un intento de erigir una cortina de humo sobre el ajuste de salarios y jubilaciones y el aumento desenfrenado de los precios se intenta que se hable de un tema transversal”, opinó Martínez.

Laura Rodríguez Machado (JPC) a pesar de que votó a favor en 2018, indicó que antes de tomar postura analizará el proyecto con su bloque.

Diputados

A favor:

Eduardo Fernández (Frente de Todos): Estamos cumpliendo con una promesa de campaña y con el compromiso que asumió nuestra fuerza política con el movimiento feminista, las verdaderas protagonistas de esta lucha que en nuestro país lleva muchos años. Personalmente creo que es tiempo de saldar esta deuda social. Garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de legalidad, seguridad y gratuidad es una cuestión de salud pública y justicia social.

Por las miles de mujeres que perdieron la vida obligadas a abortar en la clandestinidad y por las que ya no tendrán que hacerlo si se sanciona esta ley, voy a acompañar con mi voto este proyecto.

Brenda Austin (Juntos por el Cambio): Celebro que el Presidente haya cumplido con la palabra empeñada allá por el inicio de la apertura de las sesiones parlamentarias que como ha quedado a la vista, aunque el Congreso en el Senado se haya negado a despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, lo que muestra la realidad es que esto sigue ocurriendo y que es imperioso abordarlo desde una perspectiva de salud pública donde se garantice el acompañamiento a la decisión que las mujeres y personas gestantes puedan tomar.

Hay un dato que es insoslayable: cada año cerca de 40 mil mujeres terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos clandestinos y que obviamente llegando tarde por el miedo a la penalización, a la cárcel y a la estigmatización que eso genera. Esta es una de las cuestiones que este proyecto busca resolver.

Como lo hicimos entonces (en 2018) vamos a trabajar para construir los consensos necesarios acá en la Cámara y ojalá que en esta oportunidad se pueda convertir en ley.

Gabriela Estévez (FDT): El Gobierno de Alberto y Cristina honra el compromiso asumido en la campaña y la asamblea legislativa enviando el proyecto al Congreso. La Ley de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la agenda urgente de la sociedad y de nuestro Gobierno. El debate es claro: aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito en el hospital.

Es un muy buen proyecto de ley que recoge los consensos construidos en el movimiento feminista y disidente, en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Aborda la problemática como lo que es, una cuestión de salud pública, y lo hace con perspectiva de diversidad garantizando el derecho a decidir de todas las personas gestantes. Estoy convencida que muy pronto será ley.

Pablo Carro (FDT): Creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Además, por una estricta cuestión de salud pública, es imprescindible despenalizar y legalizar el aborto. Está comprobado que, en los lugares que se legalizó, no aumentaron los casos. Por su parte, el proyecto que se va a tratar no obliga ni promueve el aborto, pero va a permitir salvar la vida de muchas mujeres.

Aún no definen su posición:

Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal)

Claudia Márquez (CF)

Paulo Cassinerio (CF)

Alejandra Vigo (CF): Creo que las mujeres no podemos seguir siendo las dobles víctimas: por un lado, el aborto, y por el otro, la penalización de esa decisión. Por eso sostengo la despenalización, para terminar con la criminalización de las mujeres. El Estado debe estar presente en estas situaciones para dar respuestas a las mujeres, especialmente a las más vulnerables.

Mario Negri (Juntos por el Cambio): fuentes cercanas al diputado indicaron que antes de dar a conocer su posición lo va a hablar con el bloque, del cual es presidente. «Al igual que sucedió en 2018, entre el proyecto, primero lo leerá, lo discutirá en el bloque más allá de su decisión personal y luego saldrá una definición», aseguraron. También recordaron que el diputado votó a favor de la legalización en 2018.

En contra:

Diego Mestre (JPC): Mis argumentos están claros que son los que di en mi discurso en 2018. Además creo que no es el momento oportuno para tratarlo. Estamos en medio de una pandemia donde ha habido cuatro millones de pérdidas de puestos de trabajo, donde los chicos no han tenido clases casi en todo el año, donde tenemos problemas de salud producto de la pandemia y debatir de nuevo este tema me parece inconducente.

Héctor Baldassi (JPC): Voy a votar en contra de este nuevo proyecto porque mi postura es defender la vida humana desde la concepción. Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona, menos aún si no tiene posibilidad de defenderse.

Soher El Sukaría (JPC): Voy a votar en contra porque antes de matar el Estado debe prevenir. Legalizar el aborto es el camino más corto y fácil. El proyecto de Ley está viciado de nulidad ya que atenta contra nuestra propia Constitución Nacional que expresa -claramente- que la vida comienza desde la concepción.

Gabriel Frizza (JPC): No voy a acompañar el proyecto. Primero porque creo que hay que trabajar antes dos temas fundamentales: la educación sexual y el sistema de adopción. Los dos tienen profundas deficiencias. Por otra parte, el sistema de salud ha demostrado no tener los recursos suficientes para atender una demanda más que no son solo quirófanos sino el sistema completo, la asesoría previa y contención posterior incluido. Estos son sólo algunos de los puntos.

Víctor Hugo Romero (JPC): Claramente defiendo la constitución argentina y el derecho a la vida. Estoy en contra del proyecto de la ley del aborto legal.

Leonor Martínez Villada (CC-ARI en JPC): El aborto no es legal porque es inconstitucional. No es un derecho porque nadie tiene derecho a matar, tampoco es libre porque hay uno que no eligió y éste es el más vulnerable.

Luis Juez (JPC): Me parece absolutamente inoportuno. En un año en el que nos han reclamando desde el Estado que nos cuidemos, sobre todo para honrar la vida, no me parece que esta sea la mejor forma de terminar el año. Con respecto a mi postura, la adopté hace 19 años atrás cuando nuestra hija se nos adelantó casi tres meses y medio y los médicos nos dijeron que era inviable y tomamos la decisión de optar por la vida y esa decisión no ha cambiado para nosotros en nada. Al contrario, lo honramos y abrazamos todos los días.

Adriana Ruarte (JPC): Entiendo que en este tiempo, donde los argentinos estamos viviendo una situación de desesperanza, donde se evidencia cada día muchos hogares cada vez más pobres, donde la educación no fue prioridad en este año, el ingreso del proyecto de Legalización del Aborto, lo considero inoportuno, porque tenemos un sistema de salud colapsado por la pandemia que estamos atravesando, porque hay otras prioridades por solucionar, que son mucho más importantes, porque el estado Nacional debe velar por el cuidado de la «salud pública», es decir, el cuidado de la vida humana.

Soledad Carrizo (JPC): La vida es algo que preocupa a todos, y tanto la de un niño por nacer como la de aquellas mujeres que la pierden entre prácticas clandestinas sobre su cuerpo. Considero que el argumento de la libre elección y disposición de la mujer sobre su cuerpo no es viable dentro del debate, en tanto el aborto no es una acción privada; trasciende al ámbito de privacidad y afecta el máximo bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento: la vida.

Mi rechazo a la despenalización del aborto no busca impedir la ampliación de excepciones que lo habilite ante formas de violencia y afectación de la voluntad y decisión sexual de la mujer; sino que rechazo la liberalización indiscriminada para la interrupción de la vida.

Despenalizar el aborto sólo habilitaría a interrumpir un resultado “no deseado”, pero no veo cómo esta ley vaya a garantizar que los abortos vayan a disminuir ni que el contexto real que provocó ese embarazo no desea vaya nuevamente a producirse.

Senadores

Carlos Caserio (Córdoba Federal): Si bien aún no vi el proyecto, tengo una visión positiva, en general seguramente lo voy a aprobar. En particular aspiro a que no haya ningún tipo de persecución o penas en absoluto a los médicos en función de su objeción de conciencia. Creo que esto debe ser para lo público y en lo privado, las empresas que tienen objeción de conciencia, deberían respetarse. Creo que hay que respetar el derecho de la mujer en este tipo de elección en las circunstancias que la ley que decida y que eso no signifique que tengamos que penalizar o perseguir a nadie que sea parte del sistema de salud para que los derechos sean iguales para todos.

Ernesto Félix Martínez (JPC): Todo lo que tenía que decir lo dije en 2018. Mi postura será a favor. En relación a la oportunidad la considero inadecuada por configurar un intento de erigir una cortina de humo sobre el ajuste de salarios y jubilaciones y el aumento desenfrenado de los precios se intenta que se hable de un tema transversal mientras que en las cuestiones de poder no se puede hablar como los temas transversales en un país con las circunstancias del nuestro son «diversionismo puro». No voy a hablar del tema y me remito a mi discurso de 2018. No obstante bregaré para que se incorpore en forma expresa la objeción de conciencia institucional y no solo personal pues está reñido con la Constitución que se obligue a establecimientos hospitalarios de orientación confesional a asumir prácticas médicas que rechazan en sus doctrinas. Espero que el tema pase rápido para evitar el opio planificado y el silencio sobre las cuestiones de poder real.

Laura Rodríguez Machado (JPC): Aún no define su voto y hasta que no vea el proyecto junto a su interbloque de Juntos por el Cambio, no va a hablar del tema. También recordaron que en la votación de 2018 su posición fue a favor de la legalización.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior