Fuerte expectativa por el fallo del TSJ sobre el aborto no punible
Con todas las opciones sobre la mesa, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, con una conformación especial, dará a conocer este mediodía la sentencia respecto de la constitucionalidad para Córdoba de la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, para los casos de embarazos producto de violaciones o que ponen en riesgo la salud de las madres.
El foco del fallo está puesto en un punto: si para que una mujer, adolescente o niña acceda a una interrupción legal de embarazo (ILE) basta una declaración jurada, o si, en cambio, debe existir una denuncia penal.
Silvia Juliá, abogada de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, que reclama la plena vigencia de la Guía, opina que “la judicialización en Córdoba creó una gran confusión entre médicas y médicos respecto de los abortos no punibles; ese ha sido el daño”.
Es que en los hechos, durante estos últimos seis años, las interrupciones legales de embarazos, es decir aquellos producto de violación o necesarios cuando la salud de la mujer corre riesgo, estuvieron suspendidas en los hospitales públicos provinciales.
Aurelio García Elorrio, legislador y referente de Portal de Belén, pidió ayer: “Ojalá que no declaren constitucional eliminar una vida con sólo una declaración jurada”. Rodrigo Agrelo, abogado de esa asociación, dijo que “el gobernador Schiaretti se ha empecinado en mantener (la Guía); si el Gobierno la derogara, se acabaría”. Para esta ONG, se impulsa el uso de este protocolo “porque la Ocde (en referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) lo está reclamando para incorporar a la Argentina y Schiaretti quiere los créditos internacionales”.
Hasta ahora, y aunque la Guía suspendida es del Ministerio de Salud, el Gobierno se mantuvo distante de la polémica. Pero 15 días atrás, Alejandra Vigo, diputada nacional y esposa de Schiaretti, envió un tuit en el que reclamó a la Justicia provincial que “resuelva urgente la implementación del protocolo, suspendido desde 2012, para los casos en que deben practicarse abortos no punibles en los hospitales públicos”.
En ese marco, Vigo se sumó ayer a las firmas de dirigentes políticas y sociales y asociaciones que firmaron un comunicado que solicitó al Tribunal Superior de Justicia que “escuche a esta marea verde que se ha manifestado masivamente a lo largo del año, reclamando que se garantice la integridad y el derecho a decidir de las mujeres y cuerpos gestantes”.
José Pérez Corti, relator de la sala del Tribunal Superior de Justicia que resolverá hoy el largo expediente judicial, explicó que “todas las hipótesis son válidas, según los argumentos esgrimidos por los tres recurrentes”.
Para Silvia Juliá, si el TSJ no declara hoy constitucional la Guía, iría contra el ‘fallo F.A.L.’ de la Corte”.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en el llamado “fallo F.A.L.”, que todos los embarazos productos de violaciones son susceptibles de ser interrumpidos sin que pueda haber persecución penal contra el profesional médico o la niña, adolescente o mujer víctima; siendo éste el espíritu del Código Penal del año 1921 que despenalizó el aborto para esos casos.
La Corte también decretó que no es necesario que una denuncia penal para realizar la práctica, y que basta la declaración jurada de la víctima.
Además, la Corte encomendó al Estado que elabore un protocolo de actuación para profesionales de salud que deban actuar en estos casos. La Nación realizó el suyo, que en Córdoba está vigente sólo en los hospitales nacionales: el Clínicas y la Maternidad.
El 30 de marzo de 2012, la Provincia publicó el propio, más restrictivo que el nacional aunque manteniendo el criterio de no exigir la denuncia penal.
A los pocos días, Portal de Belén reclamó la inconstitucionalidad del protocolo médico. En agosto de ese año, el juez de primera instancia Fernando Ossola determinó que la interrupción legal de embarazo por violación sólo era posible si mediaba una denuncia penal, y no una declaración jurada anexada a la historia clínica.
Así comenzó este largo proceso judicial, repleto de planteos por parte de Portal de Belén, que hoy llegaría a su fin, cuando se conozca la sentencia. Quedará aún la posibilidad de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Quiénes fallan
Para dictar esta sentencia, el TSJ se debió integrar con tres vocales subrogantes: Claudia Zalazar, Julio Sánchez Torres y Silvana Chiapero reemplazarán al fallecido Carlos García Alloco y a dos vocales que se excusaron de opinar por haber representado al Estado provincial: Marta Cáceres de Bolatti y Sebastián López Peña.
Las organizaciones feministas se convocarán este mediodía en la sede de Tribunales I. “Esperamos que después de siete años en que las cordobesas no tuvimos garantizados los derechos del Código Penal, la Justicia vuelva a darles esos derechos a las víctimas”, dijo la legisladora Liliana Montero.
Los abogados de Portal de Belén realizarán una conferencia de prensa durante la tarde, luego de que se conozca la sentencia.
La sentencia: hoy a las 12.30
Los cuatro jueces “naturales” y los tres subrogantes que analizaron el expediente judicial entregarán a las partes del proceso la sentencia a las 12.30 en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia, en el primer piso del Palacio de Tribunales. De este proceso no participan los vocales del TSJ Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña. Además, se suma la vacancia de la vocalía que ocupó el fallecido Carlos García Alloco. Esas tres sillas fueron subrogadas. La reunión de acuerdo del TSJ comenzará alrededor de las 9. Será la única sentencia que tendrá lectura hoy.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior