El Senado debate este miércoles las reformas laboral y previsional
El Senado abre este miércoles la discusión de las polémicas reformas laboral y previsional junto con el pacto fiscal entre la administración de Mauricio Macri y las provincias, en reuniones de comisión a las que serán convocados gobernadores, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el triunvirato de la CGT.
Los tres textos de las reformas ingresaron en la madrugada del día sábado a la cámara de senadores a través del nuevo sistema digital pero recién este lunes se concretó el ingreso formal por Mesa de Entrada de Proyecto, desde donde se los girará a las comisiones encargadas de abrir el debate.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Daniel Lovera, y la de Legislación General, que conduce su compañera de bloque Ada Iturrez, serán las encargadas de comenzar el tratamiento hoy de las reformas laboral y previsional.
En tanto, el acuerdo de responsabilidad y pacto en materia fiscal será abordado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Juan Manuel Abal Medina, también del PJ-FpV.
El objetivo es votar las tres iniciativas en el recinto de sesiones el 29 y el 30 de este mes, para girar luego las propuestas para su aprobación definitiva a la Cámara de Diputados, informaron a Télam fuentes del bloque oficialista Cambiemos en el Senado.
Para abrir el tratamiento de la reforma laboral, el oficialismo tiene previsto invitar a la Comisión de Trabajo al ministro Jorge Triaca, mientras que el bloque del peronismo que conduce Miguel Pichetto planea convocar al triunvirato de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Los dos primeros, sin embargo, se encuentran de viaje en Roma hasta el viernes.
Para la discusión sobre el acuerdo fiscal no se descarta que concurran al Senado algunos de los gobernadores que avalaron la iniciativa, anunciada el viernes último luego de minuciosas negociaciones entre el presidente Macri y los representantes de las provincias.
El proyecto de reforma laboral consensuado entre el Poder Ejecutivo y la CGT cuenta con 130 artículos y propone una condonación de deuda para aquellos empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores, quienes podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y obtener todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.
En cuanto al cálculo de las indemnizaciones, se continuará considerando para ello, no solo el salario, sino también el promedio de las horas extras corrientes y de las comisiones. Respecto a la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones, se estableció que solo quedará limitada en actividades como servicios de transporte de personal, montaje, gastronomía, limpieza y seguridad e higiene.
Por otra parte, la reforma previsional que el Gobierno nacional consensuó con los gobernadores incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.
Los aumentos en las jubilaciones se calcularán apenas por encima del índice de inflación.
Puntos que podrían modificarse
Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el «plus» por PBI con el que se modificaría la «movilidad jubilatoria».
En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el «plus» debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.
Mauricio Macri dio la orden final: las reformas que considera clave para 2018 deben ser aprobadas por el Congreso y, para lograrlo los legisladores del oficialismo están autorizados a negociar algunos puntos clave. Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el «plus» por PBI con el que se modificaría la «movilidad jubilatoria». En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el «plus» debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.
Macri quiere que las leyes estén a disposición del Ejecutivo a fin de año, y que las extraordinarias se utilicen para cerrar las reformas, incluyendo la conflictiva nueva ley previsional. Y que a comienzos de 2018 la atención esté puesta en la rapidez de la puesta a punto y reglamentación de las nuevas leyes, y la confección de las reformas de «segunda generación» las que , se promete, serían aún más profundas (y burocráticas) que los cambios que quiere generar el Gobierno con las normas que antes de Navidad debería aprobar el Congreso. Los que siguen son los lineamientos de los primeros cambios que están en estudio sobre los textos originales:
Impuestos Internos. El Gobierno sabe que la suerte de la reforma impositiva está casi cerrada y positivamente para los intereses del oficialismo. Casi no hay oposición a los cambios en Ganancias para empresas y la modificación de la ley penal tributaria. También la aplicación del IVA a ciertos servicios informáticos y la ampliación en la presión de Ganancias para particulares podría tener votos positivos. Pero donde aún no hay acuerdo es en la aplicación del impuesto interno a las gaseosas azucaradas, ya que contaría con la negativa de los legisladores de provincias mesopotámicas, Tucumán y Santiago del Estero. Hasta el correntino oficialista Ricardo Colombi anunció que, al menos en particular, sus legisladores votarán en contra.
Jubilaciones. El Gobierno no negociará que la reforma jubilatoria pase por el cambio en la indexación anual eliminando la «movilidad» por el cálculo sobre la base del PBI, más un plus. La base del éxito del mecano fiscal armado por Dujovne se asienta en que los gastos previsionales bajen sustancialmente. Si además se tiene en cuenta que de los 130.000 millones de pesos que Dujovne debe reducir de déficit, unos 100.000 parten de la eliminación de la «movilidad», las posibilidades de negociación se limitan.
Los números son lapidarios. Si la Argentina creciera un 4% el próximo año, el aumento mensual por el «plus» sería de unos 20 pesos, lo que comparado con los casi 300 que perderán los jubilados si se aplicara la «movilidad», hacen imposible la comparación. Lo que hará el Gobierno es mejorar la oferta porcentual del «plus». Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), lo que aún no garantizaría el indispensable aval opositor.
Fuente: La Mañana.La Mañana