Represión y escándalo en Formosa
La decisión del gobernador Gildo Insfrán de que Formosa regrese a la fase 1 de la cuarentena -por un rebrote de 17 casos de Covid- despertó fuertes protestas frente a la Gobernación, que fueron duramente reprimidas por la Policía local, incluyendo el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma.
Sin cifras oficiales, la oposición denunció en la noche de este viernes que a lo largo de la jornada fueron detenidas 93 personas y decenas resultaron heridas. En tanto que el Ejecutivo provincial justificó la represión, alegando que el reclamo había sido «violento».
El coordinador residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresaron hoy su preocupación por «los hechos de violencia indiscriminada ocurridos en la ciudad de Formosa».
«De acuerdo a la información recibida, la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada que resultó en personas heridas y detenidas», indicaron.
En un comunicado, los representantes de la ONU recordaron que «los tratados internacionales de derechos humano garantizan el derecho a reunirse pacíficamente, y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales».
«Cuando se presenten actos de violencia, las fuerzas de seguridad deben distinguir y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en línea con los estándares internacionales de derechos humanos», recalcaron.
Además, Valent y Jarab sostuvieron que «el uso de la fuerza tiene que obedecer a los principios de legalidad, precaución, rendición de cuentas y proporcionalidad».
«Se deben investigar los hechos registrados de manera rápida, independiente y exhaustiva», reclamaron.
Y agregaron: «Como se señala en diversos documentos de Naciones Unidas, es preciso garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas de respuesta y recuperación a la crisis de la COVID- 19».