Policiales

Pesificación forzada y más presión tributaria

Alberto Fernández se autoimpuso un plazo de 180 días para que su Gobierno comience a mostrar resultados consistentes. Y decidió echar mano a tres herramientas centrales: suba de impuestos, pesificación forzada y desindexación, además de una enorme concentración del poder de decisión y de ejecución de políticas públicas.

“Es el primer paso para resolver la crisis”, argumentó Martín Guzmán, el ministro de Economía, al presentar en conferencia de prensa la “superley” enviada al Congreso Nacional, que casi por cada uno de sus 86 artículos generó un cimbronazo distinto.

El Gobierno tomó una decisión política: aumentará el gasto para proteger a los más pobres. Pero no lo financiará sólo con emisión monetaria. Recortará la rentabilidad y los ingresos de algunos sectores vía mayor presión tributaria.

Además, al igual que sus antecesores (Mauricio Macri y Cristina Kirchner), Fernández usará dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Le colocará títulos públicos para disponer de plata fresca. Hasta el final de su mandato, el FGS podrá tener hasta el 70 por ciento de su cartera en bonos y en letras. En la actualidad, el tope es del 50 por ciento.

Y también volverán las letras intransferibles, un mecanismo con el que el kirchnerismo erosionó las reservas del Banco Central entre 2011 y 2015. Fernández colocará estos instrumentos por 4.571 millones de dólares con un plazo de repago de 10 años. Es decir, se usarán reservas para pagar vencimientos de deuda.

Para poder avanzar lo más rápido posible, Fernández le pidió ayer al Congreso que antes de finalizar la semana declarara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El objetivo es barrer con gran parte del esquema de gestión que dejó Macri y no dejar ningún rastro de su política económica. “Está claro que fue un fracaso que sólo generó pobreza”, dijo Guzmán.

En el corto plazo, antes de fin de año, el Gobierno aumentará salarios y jubilaciones por decreto. Y la ley de movilidad jubilatoria se suspende por seis meses. Aquí se generó mucho ruido dado que recién ahora la clase pasiva estaba por alcanzar a la inflación, a la que venía corriendo de atrás. Pero el objetivo oficial es la desindexación de los haberes.

Para ejecutar todo, el Presidente pide que le deleguen facultades especiales para reasignar partidas y hasta modificar entes descentralizados. Una batería de medidas que le dan verdaderos “superpoderes”.

El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva tiene el objetivo implícito en su nombre. Pero las dudas del arco político opositor y de los economistas es si con mayor presión tributaria la economía del país podrá rebotar.

Dólares escasos

Históricamente los argentinos resguardan sus ahorros en dólares. Van a la moneda dura cansados de experiencias traumáticas con el peso, al que ya se le han sacado 18 ceros y en los últimos cuatro años se ha devaluado en un 84 por ciento.

Pero como los dólares escasean y los pocos que ingresan tendrán que ir a pagar la deuda, se aumentarán las restricciones para su acceso. Al precio de pizarra se le cargará un impuesto del 30 por ciento.

En el marco de escasez de dólares, Fernández le pidió al Congreso facultades especiales para realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.

Quieren que Guzmán y su equipo tengan las manos libres para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados. Trascendió que evalúan proponer un período de gracia de entre dos y cuatro años. Y ya no niegan la posibilidad de una quita de capital.

No obstante, el Gobierno se compromete a informar los resultados de esta negociación ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso.

También en estos 180 días habrá decisiones para contrarrestar el aumento de la presión impositiva, en pos de que la actividad remonte tras cuatro años de estancamiento (2011-2015) y cuatro de caída libre (2015-2019).

Así, por ejemplo, el Gobierno nacional quedará facultado para iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente por el plazo de seis meses, y reserva para sí la facultad de intervenir por un año los entes reguladores de electricidad y de gas que fijan las tarifas.

Presión tributaria

Por otro lado, se instrumentará un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y minipymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar.

Habrá rebajas de contribuciones patronales para las pymes. Pero para las compañías más grandes (más de 200 empleados), las duplican: de 11 por ciento a 20,4 por ciento para servicios y 18 por ciento para industria.

Habrá cambios en el ajuste por inflación de los balances de las empresas. Y se impondrá un impuesto al retiro de efectivo por parte de las compañías (salvo pymes): doble tasa del impuesto al cheque. Esto es para evitar que paguen sumas en negro.

Se aumenta en forma progresiva el Impuesto de Bienes Personales, pero se mantienen exceptuados a pagarlo los bienes que no superen los tres millones de pesos. La vivienda unifamiliar no paga, excepto que su valor fiscal supere los 18 millones de pesos.

Y se incrementa la presión tributaria para los activos en el exterior: las alícuotas serán del doble que las que se pagan en el país. Quien los traiga a la Argentina quedará exceptuado e incluso podrá percibir una devolución por lo ya pagado.

También se incrementan los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas. Y se duplican las tasas de estadística para importar bienes de consumo.

Subieron los bonos y bajó el riesgo país

Ayer, luego de los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del ingreso del proyecto de ley al Congreso, los bonos argentinos en pesos subieron hasta 13,5% y, además, el riesgo país perforó el piso de los 2.000 puntos.

Desde el mediodía, los títulos soberanos en dólares experimentaron subas del 8%, y los nominados en pesos alcanzaron un incremento de hasta el 13,5%.

Según analistas del mercado financiero, la suba se dio porque el mensaje del Gobierno fue que llevará adelante una renegociación de deuda sin quita y honrando sus obligaciones de corto plazo.

Además, por el objetivo declarado por Guzmán de buscar el superávit primario en las cuentas públicas, y por el anuncio de la suba de impuestos y de la desindexación de las jubilaciones.

Bajo la misma sintonía, el riesgo país del JP Morgan experimentó un descenso del 7,5% (160 unidades) para quedar por debajo de los 2.000 puntos básicos: cerró a 1.977.

La última vez que había estado por debajo de los 2.000 puntos fue el pasado 14 de octubre, en la previa de las elecciones generales que ganaría Alberto Fernández.

Letra chica: Qué dice el proyecto

Ley de solidaridad social y reactivación productiva. El megaproyecto entró ayer a la Cámara de Diputados y es analizado en las comisiones. Será tratado mañana en el recinto. De ser aprobado, pasará al Senado.

Emergencia. Declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, tarifaria, energética y social.

Tarifas. Congela tarifas de luz y de gas por 180 días. Renegociación con las empresas para buscar “una reducción de la carga tarifaria en hogares y en empresas”. Se intervienen los entes de control, y Edenor y Edesur vuelven a Nación.

Pymes. Lanzan una moratoria que incluye exención de multas y plazos de hasta 120 cuotas. El régimen de facilidades abarca la condonación de intereses y de capital. Incluye a las entidades sin fines de lucro. Es para las obligaciones vencidas a noviembre de 2019. Tasa fija del tres por ciento el primer año y luego Badlar.

Contribuciones. El proyecto propone suspender la escala de reducción para los próximos años, establecida en la reforma aprobada en 2017 en la gestión de Macri. Frena la unificación de la alícuota, se deja sin efecto la actualización de los mínimos no imponibles y se crean nuevos mínimos.

Bienes Personales. Se plantea el retorno de las alícuotas vigentes en 2015. De aprobarse, pagarán el impuesto quienes tengan bienes por más de $ 2 millones, sin contar la vivienda personal (si vale menos de $ 18 millones). Las alícuotas van del 0,5% al 1,25%. Tasas mayores para activos en el exterior, pero con incentivos para repatriarlos.

Compra de Dólares. El proyecto incluye un nuevo tributo: el impuesto País (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria). Había trascendido que iba a ser para los gastos en turismo y las compras en el exterior en moneda extranjera, pero también afectará la adquisición de dólares para atesoramiento en bancos o en financieras. Será del 30% y regirá por cinco años. Exceptúa a los gastos por prestaciones de salud, medicamentos, libros y utilización de plataformas educativas. El dólar oficial ayer cerró a $ 63, y con el impuesto se iría a $ 81,90. El ministro de Economía dijo que sigue el cepo de U$S 200 por mes. No abarca las operaciones de comercio exterior (importaciones y exportaciones), en las que regirá el oficial. El 70% de lo que se recaude se usará para el financiamiento de programas de Anses y el 30%, para infraestructura económica, para viviendas sociales y para desarrollar el turismo local.

Inversiones en pesos. Los bonos y plazos fijos en pesos quedarán excluidos del Impuesto a la Renta Financiera si se aprueba la ley. Estaban alcanzadas por el 5% las ganancias desde la reforma de Macri, con un mínimo no imponible de $ 66.918.

Retenciones. La ley de emergencia fija un tope máximo del 33% para la soja y del 15% para el trigo y el maíz. El Gobierno dijo que reconoce la importancia del sector agropecuario, pero que necesita que tribute más para “estabilizar” la economía. No está especificado, pero las carnes y la leche en polvo, que con el último decreto quedaron con una alícuota del 9%, también podrían abonar hasta el 15%. La norma prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales. El 70% de lo que se recaude con la suba se destinará al financiamiento de programas de Anses.

Jubilaciones. Se suspende la fórmula de ajuste de haberes previsionales y planes sociales por 180 días para redefinir un nuevo esquema de incremento. Los jubilados que cobran la mínima percibirán un bono en diciembre y otro en enero de $ 5.000. Los que cobran hasta $ 19 mil recibirán un monto fijo menor y proporcional. Guzmán dijo que en estos seis meses se buscará “reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar por otra que tiene que ser consistente y razonable”. También se suspende la movilidad para los jubilados docentes, científicos, judiciales y demás regímenes especiales, como los excombatientes de Malvinas.

Créditos UVA. El proyecto dice que el Banco Central va a “estudiar” la situación, “sus consecuencias sociales y económicas” y analizará “mecanismos para mitigar sus efectos” con base en el “esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.

Devolución del IVA. Se devolverá el IVA por $ 700 a los beneficiarios de la AUH y jubilados.

Impuesto interno a los autos. Cambios en los impuestos internos a los automotores, tanto por una baja en la base imponible como en las escalas. Quedan exentos los que valgan menos de 1,5 millones al público.

El Ejecutivo se reserva subir más las retenciones

Los derechos de exportación de la soja seguirán subiendo.

33%. Por otro lado, el Gobierno estará facultado a imponer derechos de exportaciones: en el caso de la soja, se eleva el tope del 30 por ciento al 33 por ciento, y para el maíz y para el trigo, del 12 por ciento al 15 por ciento.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior