- La nueva normativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un marco jurídico para preservar fuentes de trabajo y acompañar a empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas. Crea un Registro Provincial de Empresas Recuperadas y define herramientas de asistencia técnica, financiamiento y fortalecimiento institucional. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, en articulación con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial N.° 11.126 de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras, una norma que crea un marco legal específico para acompañar los procesos de recuperación de unidades productivas y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo mediante la organización cooperativa.
La ley, sancionada por la Legislatura de Córdoba y promulgada mediante el Decreto N.° 57, tiene como objetivo contribuir al mantenimiento y la creación de empleo digno, brindando herramientas para que empresas en crisis o en proceso de cierre puedan continuar funcionando bajo la gestión de sus trabajadores.
La normativa declara de interés social los procesos de recuperación de empresas y reconoce como sujeto prioritario a los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, con el propósito de preservar la producción, la actividad económica y las fuentes laborales.
Entre sus principales disposiciones, la ley crea el Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, organismo que será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el diseño de políticas públicas destinadas a fortalecer este sector, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Asimismo, establece un conjunto de instrumentos de apoyo para las cooperativas que integren el registro, entre ellos asistencia técnica, capacitación, acceso a líneas de crédito, fortalecimiento institucional, mecanismos de garantía para facilitar el financiamiento, acompañamiento jurídico durante los procesos de recuperación y un régimen de beneficios que incluye prioridad como proveedoras del Estado, tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y acceso a subsidios.
La ley también fija un procedimiento específico para la recuperación de empresas, que contempla la intervención del Ministerio de Justicia y Trabajo mediante inspecciones, informes técnicos y una audiencia obligatoria con participación de los trabajadores y representantes de ambos ministerios, garantizando el asesoramiento necesario para evaluar la continuidad de la explotación bajo la figura cooperativa.
Además, incorpora la perspectiva de género como principio rector, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en los procesos productivos, económicos y sociales de las empresas recuperadas.
Con esta promulgación, el Gobierno de Córdoba incorpora un marco normativo que busca brindar previsibilidad, respaldo institucional y herramientas concretas para sostener el empleo, fortalecer el cooperativismo y preservar el entramado productivo provincial frente a situaciones de crisis empresaria.
