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OPINIÓN – Por Eduardo Reina – Especial para DSF

El caso de Manuel Adorni expone un debate que trasciende a un funcionario: ¿hasta dónde los partidos están dispuestos a relativizar sus principios en nombre de la gobernabilidad?

La política suele presentar falsas opciones. En la Argentina de hoy pareciera que sólo existen dos caminos posibles: defender al Gobierno en todo o quedar automáticamente ubicado del lado del peronismo. Como si no existiera un espacio para la crítica, la independencia de criterio o la coherencia moral. Como si la discusión pública hubiera quedado reducida a una lógica de trincheras donde cada ciudadano, dirigente o legislador debe elegir una bandera y defenderla aun cuando los hechos contradigan sus propios valores.

El caso Adorni dejó hace tiempo de ser un debate sobre un funcionario. Se transformó en una prueba para medir hasta dónde una fuerza política está dispuesta a flexibilizar sus principios con tal de preservar una estrategia de poder. La decisión del oficialismo, acompañada por sectores del PRO y de la UCR, de impedir que el tema avanzara con la intensidad institucional que reclamaba la oposición reabrió una discusión mucho más profunda: ¿hasta dónde es razonable acompañar a un gobierno con el que se comparten determinados objetivos económicos cuando se discrepa cada vez más de sus métodos, de sus formas y, en algunos casos, de sus estándares éticos?

Las democracias no se fortalecen a través de la obediencia, sino mediante la capacidad de cuestionar, controlar y exigir explicaciones. La discusión alrededor de Manuel Adorni y de otras situaciones que han generado controversias en los últimos meses no debería centrarse en quién formula las críticas, sino en el contenido de esas críticas. Cuando aparecen dudas sobre conflictos éticos, privilegios, manejos poco transparentes, utilización discrecional del poder o comportamientos incompatibles con los principios republicanos que se declaman, la obligación de una democracia sana no consiste en mirar hacia otro lado, sino en preguntar, investigar y exigir respuestas.

En ese contexto adquirieron relevancia las declaraciones de Esteban Bullrich. Alejado de la primera línea política, sostuvo que el PRO no puede perder su identidad republicana por la necesidad de sostener coyunturalmente al Gobierno y cuestionó la actitud adoptada frente al caso Adorni. Su reflexión tiene un valor particular porque no proviene de un dirigente enfrentado con el oficialismo ni de un opositor tradicional. Proviene de alguien que fue uno de los referentes del PRO y que decidió advertir sobre un riesgo que trasciende este episodio: cuando un partido comienza a justificar aquello que antes cuestionaba, deja de ser únicamente una fuerza política para convertirse en un mero administrador de conveniencias.

En la Argentina parece haberse instalado una especie de extorsión intelectual permanente, según la cual cualquier cuestionamiento al oficialismo termina favoreciendo al kirchnerismo y cualquier crítica al kirchnerismo fortalece al oficialismo. Bajo esa lógica desaparece el pensamiento independiente y sólo sobrevive el alineamiento automático. La política deja de debatir ideas para transformarse en una competencia de lealtades donde lo importante ya no es determinar si algo está bien o está mal, sino identificar quién lo hizo.

Immanuel Kant sostenía que los principios morales sólo tienen valor cuando pueden aplicarse de manera universal. Si una conducta nos parece incorrecta cuando la realiza un adversario político, debería parecernos igualmente incorrecta cuando la lleva adelante alguien a quien votamos, admiramos o apoyamos. Cuando las pertenencias reemplazan a los principios, la política comienza a perder calidad institucional y a degradar lentamente la confianza pública.

En esa misma línea, Max Weber distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera exige actuar de acuerdo con determinados valores; la segunda obliga a considerar las consecuencias de las decisiones. El problema aparece cuando la responsabilidad deja de ser una herramienta de gobierno y se convierte en una excusa permanente para abandonar las convicciones. Se tolera un exceso porque hay que sostener la gobernabilidad, se acepta un atropello porque la alternativa sería peor y se evita cuestionar determinadas conductas para no hacerle el juego al adversario. De esa manera, casi sin advertirlo, la excepción empieza a transformarse en regla.

Los argentinos conocemos demasiado bien ese mecanismo. Lo hemos visto durante décadas bajo gobiernos de distintos signos políticos. Siempre hubo una razón aparentemente válida para justificar aquello que hasta el día anterior parecía injustificable. “Hagamos una excepción”. Después otra. Luego una más. Hasta que la acumulación de excepciones termina modificando los estándares éticos que una sociedad está dispuesta a aceptar.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican en Cómo mueren las democracias que los sistemas democráticos modernos rara vez colapsan de manera abrupta. Generalmente se deterioran cuando los propios actores políticos comienzan a tolerar comportamientos que antes consideraban inadmisibles porque creen que los objetivos perseguidos justifican los medios empleados.

Hannah Arendt llegó a una conclusión similar al estudiar los procesos de degradación institucional del siglo XX. El verdadero peligro para una democracia no siempre reside en los grandes escándalos, sino en la naturalización cotidiana de conductas que originalmente provocaban rechazo. Cuando una sociedad deja de sorprenderse, deja también de reaccionar.

Ese es, precisamente, el dilema que hoy atraviesan el PRO y la UCR. Nadie les discute el derecho a respaldar un rumbo económico que consideran correcto. Lo que empieza a generar interrogantes es si ese acompañamiento exige renunciar también al control institucional, a la crítica y a los principios republicanos que durante años constituyeron su identidad política.

La credibilidad no se pierde por un voto. Se pierde cuando ese voto contradice los valores que durante años se proclamaron. La identidad política no desaparece de un día para otro; se erosiona cada vez que el silencio resulta más conveniente que la verdad y cada vez que la cercanía con el poder pesa más que la coherencia.

La democracia necesita dirigentes capaces de construir acuerdos. Pero necesita, sobre todo, dirigentes capaces de demostrar que existen principios que no están en venta. Porque el verdadero límite entre la gobernabilidad y la complicidad no lo establece una mayoría parlamentaria. Lo establece la conciencia de quienes todavía son capaces de decir que no cuando el poder les pide que miren para otro lado.

“Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada sobre este mundo” – Albert Camus

El proyecto rubricado por el gobernador Martín Llaryora crea un nuevo régimen que permitirá actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad. La iniciativa fortalece la lucha contra el narcotráfico, crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y articula el trabajo entre la Provincia, la Justicia, la FPA y los municipios.

El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.

El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.

Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.

La propuesta también fortalece el combate al narcotráfico mediante la creación de un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.

En ese marco, el 60 por ciento de los fondos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.

Además, el proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.

La iniciativa también invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones delictivas.

Con esta propuesta, el Gobierno de Córdoba busca brindar una respuesta integral frente a inmuebles que favorecen la inseguridad y el narcotráfico, recuperando esos espacios para los vecinos y fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios.

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección General de Promoción de Empleo y Formación Profesional, llevará adelante una nueva jornada de la Oficina de Empleo Móvil en el barrio La Milka, con el objetivo de acercar herramientas, programas y oportunidades laborales a los vecinos del sector.

La actividad se realizará el jueves 25 de junio de 2026, a las 19 horas, en el Centro Vecinal de barrio La Milka, ubicado en calle Rioja 450.

Durante la jornada, los asistentes podrán registrarse en el Portal de Empleo Digital, postularse a ofertas laborales vigentes y recibir información sobre los distintos programas de empleo disponibles. Además, se brindará orientación laboral personalizada y se darán a conocer las capacitaciones y certificaciones de formación profesional previstas para este año.

Asimismo, quienes estén desarrollando o proyecten iniciar un emprendimiento podrán acceder a información sobre herramientas de capacitación y alternativas de financiamiento.