La reforma laboral se aprobó en el Senado con apoyo pleno de Córdoba y otro guiño a sindicatos
El proyecto recibió 42 votos afirmativos y 30 negativos. La schiarettista Vigo finalmente respaldó la iniciativa en general, pero rechazó el nuevo fondo indemnizatorio y otros puntos. La cuota solidaria seguirá vigente.
Con apoyo pleno de los representantes cordobeses y otro guiño de último momento a los sindicatos, el gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Senado la que calificaron como “la reforma laboral más importante de los últimos 50 años”. El proyecto obtuvo 42 votos positivos de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores de prácticamente todos los bloques provinciales, incluida la schiarettista Alejandra Vigo. Hubo 30 rechazos, de todo el interbloque del peronismo y dos santacruceños independientes.
El voto favorable de Vigo, que se sumó al de Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, selló el respaldo de los tres representantes por la provincia de Córdoba. Pero a diferencia de los legisladores del interbloque de La Libertad Avanza, la esposa de Juan Schiaretti rechazó tres puntos en particular: los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán los despidos, el banco de horas y la derogación de estatutos.
Carpetas en mano, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se cargó al hombro las últimas negociaciones junto con Diego Santilli, quien se instaló en el Congreso desde temprano. El ministro del Interior presenció la votación desde uno de los palcos junto con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Aunque Bullrich había anunciado 28 modificaciones al texto para llegar al recinto con un acuerdo consolidado, en los pasillos y despachos del Senado siguió la “rosca” durante toda la jornada. Como resultado, los gremios se llevaron otro gesto: la permanencia de la cuota solidaria que se le descuenta a los trabajadores de manera compulsiva. En la última redacción, se fijaba un plazo de vigencia de dos años, que ahora será eliminado.
La cuota solidaria, una de las principales “cajas” sindicales, mantendrá de todos modos el tope del 2% de la remuneración. Lo mismo sucederá con los aportes a las cámaras empresariales, que tampoco caerán en dos años, pero tendrán un techo del 0,5%.
En otro orden, el oficialismo incorporó a la reforma laboral el convenio de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Para la votación en general, los libertarios contaron con los votos de los diez senadores radicales, los tres macristas, y los senadores que representan a los oficialismos de Córdoba (Alejandra Vigo), Chubut (Edith Terenzi), Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), Neuquén (Julieta Corroza), Salta (Flavia Royón) y Tucumán (Beatriz Ávila), dispersados en diferentes bloques. Se sumó el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal.
Por el contrario, Bullrich no pudo sellar el voto de dos santacruceños que se mueven de manera independiente, José María Carambia y Natalia Gadano. Fueron los únicos senadores del arco dialoguista que votaron de forma negativa.
Todo el peronismo/kirchnerismo rechazó la iniciativa. El interbloque comandado por José Mayans finalmente votó en contra de manera unánime y desechó las sospechas de un posible voto afirmativo del bloque Convicción Federal, donde hacen pie los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Durante el debate del articulado, la bancada de Mayans hizo una serie de propuestas que no fueron aceptadas. Por ejemplo, agregar un párrafo aclarando que la norma “aplica a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de la ley”.
“No queda claro qué va a pasar con los contratos actualmente vigentes, si se rigen por esta ley o por otra. Va a haber presentaciones judiciales de uno y otro lado, preguntando si se aplica o no a los contratos vigentes”, advirtió el senador y abogado laboralista Mariano Recalde.
El peronismo tampoco logró impedir que se aprobaran los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido sin causa. Tras varias idas y vueltas y una tensa discusión, ese Título recibió 41 votos a favor y 31 en contra. El cambio con respecto a la votación en general fue que la cordobesa Vigo pasó de apoyo a rechazo.
Según este nuevo esquema, las grandes empresas aportarán el 1% mensual de la masa salarial, y las MyPymes, el 2,5% (originalmente, todas las empresas aportaban el 3%). El Poder Ejecutivo podrá ampliar esos porcentajes al 1,5% y 3%, respectivamente, con aval de una bicameral del Congreso.
La oposición dura cuestionó que esos aportes se descuenten de la contribución al sistema previsional, que quedará desfinanciado. Pero además, los FAL serán administrados por entidades financieras y pasarán a formar parte del mercado de capitales. Lo que advierten es que se abre la puerta a un nuevo esquema de AFJP.
“Con el FAL pierden los trabajadores, que van a estar más sometidos al despido, porque estará subsidiado; pierden los jubilados, porque la plata de la ANSES va a estas administradoras privadas que la van a timbear y no se va a usar para pagar jubilaciones; y ganan las grandes empresas”, alertó Recalde.
El legislador describió: “Una gran empresa que tiene 1.000 trabajadores, aportando el 1%, aporta el 1.000% por mes. En un mes ya tiene 10 sueldos para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas. ¿Y quiénes son los premiados? Los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos, los vamos a investigar, y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos. Otra vez lo de las AFJP, no”.
Los ejes principales
El proyecto acordado en el Senado modifica numerosos aspectos del régimen laboral vigente hace décadas, con el supuesto objetivo de generar empleo formal. Entre los principales puntos, reduce el cálculo indemnizatorio, que ya no contemplará ítems como el aguinaldo y las vacaciones.
En cuanto a la negociación colectiva, prevalecerán los convenios por empresa sobre los convenios por actividad o rama. “Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior”, dice el texto.
También se afecta la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez que vencen, solo subsistirán las cláusulas normativas hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.
Se derogarán algunos estatutos (como el del Periodista) a partir del 1.ro de enero de 2027, aunque sin garantías por escrito de que a lo largo de 2026 deba acordarse una nueva regulación. El proyecto original eliminaba estatutos de manera inmediata, por lo que los sindicatos ganaron tiempo.
En otro orden, se establecen “vacaciones más flexibles” (entre el 1ro de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pudiendo acordar fuera de temporada y fraccionar con un mínimo de siete días); y se habilita la posibilidad de que empleador y empleado acuerden regímenes voluntarios de banco de horas, de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro.
Asimismo, se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que en cada caso deberán garantizar una prestación mínima del 75% y 50% cuando haya huelga. Las fuerzas de seguridad siempre deberán cubrir el 100% del servicio, sin excepciones: con ese agregado se busca frenar conflictos policiales como el que actualmente atraviesa Rosario.
Los sindicatos podrán realizar asambleas “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”. Además, tendrán que pedir “autorización previa al empleador” para el horario, la duración, y su realización dentro del establecimiento. El trabajador no devengará salarios durante el tiempo que dure la protesta.