\u201cEn R\u00edo Cuarto se viene una guerra de bandas por el control del narcotr\u00e1fico\u201d. Esta frase no corresponde al gui\u00f3n de una pel\u00edcula de acci\u00f3n. La cita es de la diputada nacional Elisa Carri\u00f3 durante una visita a la ciudad de R\u00edo Cuarto en mayo pasado. \u00bfExiste modo de chequear los dichos de la diputada nacional en este caso? La respuesta es no.<\/p>\n
Lilita le regal\u00f3 un titular resonante al periodista y all\u00e1 fue la nota, que luego replicaron decenas de medios de comunicaci\u00f3n de todo el pa\u00eds y miles de usuarios compartieron en redes sociales. Los dichos de Carri\u00f3 se completaban con las siguientes afirmaciones: \u201cA lo que ustedes van a asistir en R\u00edo Cuarto es que perdido el orden que coordinaba el narcotr\u00e1fico se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. Si un d\u00eda matan a uno de sus hijos me van a venir a pedir perd\u00f3n llorando. Ojal\u00e1 no le pase a nadie de tu familia\u2026 Te lo digo porque est\u00e1 en riesgo R\u00edo Cuarto. Est\u00e1 en riesgo R\u00edo Cuarto y se los digo de coraz\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u00bfPresent\u00f3 Carri\u00f3 una denuncia en el fuero penal para alertar a la Justicia respecto de la informaci\u00f3n clave que en teor\u00eda estaba bajo su conocimiento? La respuesta es, otra vez, no.<\/p>\n
\u201cTodo funcionario p\u00fablico que tuviera conocimiento de hechos penales debe hacer la denuncia p\u00fablica. En lugar de eso genera fake news\u201d, explica Miguel Julio Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e, abogado especialista en Derecho de la Informaci\u00f3n, quien analiza los mecanismos a los cuales suelen recurrir las personalidades p\u00fablicas como los pol\u00edticos a la hora de pretender instalar un tema en agenda.<\/p>\n
Periodismo despenalizado
\nAlgunos a\u00f1os atr\u00e1s, el Gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez impuls\u00f3 una modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Ambas figuras contin\u00faan existiendo pero su alcance se modific\u00f3 para privilegiar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y garantizar el ejercicio del periodismo, evitando la persecuci\u00f3n judicial contra los y las periodistas.<\/p>\n
As\u00ed, en 2009 el Congreso Nacional modific\u00f3 los art\u00edculos 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 y 117 del C\u00f3digo Penal y derog\u00f3 el 112 e incorpor\u00f3 el 117 bis. Esta reforma elimin\u00f3 la pena de prisi\u00f3n en casos de calumnias e injurias, aunque persistieron las multas econ\u00f3micas. Sum\u00f3 adem\u00e1s los art\u00edculos 109, 110, 111 y 113 donde se dejaron de considerar delitos las \u201cexpresiones referidas a asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico o las que no sean asertivas\u201d.<\/p>\n
Vale recordar que la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal de 2009 dio respuesta a una serie de demandas a favor de la libertad de expresi\u00f3n, impulsadas ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por entonces, el Comit\u00e9 Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), organizaci\u00f3n que re\u00fane a entidades period\u00edsticas y a defensores del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, felicitaba a la CIDH por su condena al Estado argentino en respuesta ante la criminalizaci\u00f3n de la tarea period\u00edstica y en particular en relaci\u00f3n al caso Kimel (ver recuadro aparte).<\/p>\n
En Argentina la doctrina de la real malicia -cuyos or\u00edgenes podemos rastrear hasta el a\u00f1o 1990 con el caso \u201cVago c\/ Ediciones La Urraca S.A.\u201d- contempla que s\u00f3lo existe responsabilidad del periodista cuando se puede comprobar que ha publicado una informaci\u00f3n inexacta acerca de una persona a sabiendas de su falsedad o con total despreocupaci\u00f3n acerca de dicha circunstancia.<\/p>\n
En la actualidad, publicar datos falsos adrede, con un objetivo en particular, y\/o conociendo que tales datos da\u00f1an a otra persona es una pr\u00e1ctica que puede ser recurrida, en los casos previstos por ley, aunque no constituyan delito penado con prisi\u00f3n.<\/p>\n
En noviembre de 1989 el periodista Eduardo Kimel public\u00f3 el libro \u201cLa masacre de San Patricio\u201d, en el cual analizaba el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina, ocurrido en Argentina el 4 de julio de 1976, durante la \u00faltima dictadura militar. Asimismo, se criticaba la actuaci\u00f3n de las autoridades encargadas de la investigaci\u00f3n de los homicidios, entre ellas la de un juez en particular. En octubre de 1991, el juez mencionado por Kimel en su libro entabl\u00f3 una acci\u00f3n penal en contra de \u00e9l por el delito de calumnia. Kimel fue condenado a un a\u00f1o de prisi\u00f3n y al pago de una multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia. Pero en 2008 la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) resolvi\u00f3 condenar al Estado argentino por violar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
Replicar el da\u00f1o en las redes
\nAhora bien, \u00bfcontra qui\u00e9n ir\u00eda una demanda por la divulgaci\u00f3n de informaciones falsas en el entorno digital? El entorno de internet se presenta como un agujero negro, en el cual se vuelve muy dif\u00edcil rastrear al responsable original de la instalaci\u00f3n de una informaci\u00f3n que se comparte miles de veces en la web y que con cada r\u00e9plica, tambi\u00e9n replica el da\u00f1o.<\/p>\n
\u201cEl problema es la big data. No pod\u00e9s ir contra el medio porque de no colocar un freno las informaciones siguen circulando en internet de por vida. La demanda podr\u00eda ir en todo caso contra una firma como Google que tiene oficinas en Buenos Aires\u201d, explica Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e a La Nueva Ma\u00f1ana.<\/p>\n
Si un medio digital publica una fotograf\u00eda errada o un video inapropiado, esa publicaci\u00f3n puede da\u00f1ar el honor de una persona multiplicando su efecto millones de veces. Si en el pasado un diario impreso publicaba una informaci\u00f3n err\u00f3nea, exist\u00edan distintas herramientas para subsanar el error r\u00e1pidamente y evitar que se replicara la informaci\u00f3n falsa. Pensemos en el caso de los pedidos de rectificaci\u00f3n o del ejercicio del derecho a r\u00e9plica.<\/p>\n
En internet la reparaci\u00f3n no resulta tan sencilla. De hecho, en la web la sola aclaraci\u00f3n no resulta efectiva si no se encuentra directamente linkeada con la publicaci\u00f3n err\u00f3nea. Y de todos modos la informaci\u00f3n err\u00f3nea puede seguir circulando y causando da\u00f1o, a\u00fan cuando se haya corregido el error en el medio original. Por ello, en el entorno digital la demanda se entabla entonces contra la distribuidora de contenidos en internet, y no contra el medio o el periodista.<\/p>\n
Las noticias falsas han existido siempre y existen en el sistema penal argentino una serie de herramientas para regular y reducir da\u00f1os, protegiendo el derecho a la informaci\u00f3n y a la libertad de expresi\u00f3n. Sin embargo, las fake news ahora se presentan en el marco de grandes campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n, a partir de las cuales lo que se est\u00e1 afectando no es s\u00f3lo un derecho individual, sino todo un ecosistema de derechos que hace al funcionamiento de una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n
El 31 de mayo pasado se firm\u00f3 en la C\u00e1mara Nacional Electoral (CNE) un compromiso \u00e9tico digital para evitar las campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n en vistas a las pr\u00f3ximas elecciones nacionales. Firmaron el acuerdo representantes de Facebook, Twitter, Google, WhatsApp; Mart\u00edn Etchevers por la Asociaci\u00f3n de Entidades Period\u00edsticas (Adepa); N\u00e9stor Sclauzero por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea); y Emilio Alonso, titular de la Defensor\u00eda del P\u00fablico. Adem\u00e1s se sumaron las firmas de referentes de distintos espacios pol\u00edticos entre los que se encuentran el PRO, GEN, PJ Nacional y Proyecto Sur.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a este tema, Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e manifest\u00f3 que \u201cel convenio opera como una carta a Pap\u00e1 Noel\u201d si organismos como FOPEA \u201cno disponen sanciones \u00e9ticas\u201d concretas a periodistas sospechados de participar activamente en operaciones pol\u00edticas vinculadas al entramado judicial, por citar un caso.<\/p>\n
En el mes de marzo, FOPEA emiti\u00f3 un comunicado en el cual calificaba el accionar del juez federal de Dolores (Pcia. de Buenos Aires), Alejo Ramos Padilla -a cargo de la causa D\u2019Alessio de extorsi\u00f3n y espionaje ilegal- como un \u201cgrave intento judicial por criminalizar las entrevistas y el off the record en Argentina\u201d, en referencia a las presuntas vinculaciones del periodista Daniel Santoro con el plan de extorsi\u00f3n investigado por el magistrado federal. Se acusa al periodista de haber participado de la trama extorsiva a partir de la publicaci\u00f3n de notas que compromet\u00edan a empresarios como Mariano Cifuentes, titular de la empresa de servicios petroleros OP, por citar un caso. Por su parte, Santoro asegura haber sido \u201cenga\u00f1ado\u201d por su \u201cfuente\u201d de informaci\u00f3n, en referencia a Marcelo D\u2019Alessio.<\/p>\n
Noticias falsas como estrategia
\nUn candidato contrata a una agencia de comunicaci\u00f3n pol\u00edtica con el objetivo de instalar una informaci\u00f3n que puede da\u00f1ar al candidato opositor. El ej\u00e9rcito de trolls y bots autom\u00e1ticos activa la reproducci\u00f3n del dato, que pronto se viraliza. El link circula por WhatsApp y es replicado por miles de usuarios en sus cuentas y muros de Facebook y Twitter. Si llega a convertirse en trending topic la acci\u00f3n ser\u00e1 un \u00e9xito. Si un medio masivo \u201cmuerde el anzuelo\u201d y levanta la info tambi\u00e9n. Lo que ocurra primero.<\/p>\n
El efecto de las estrategias de noticias falsas se vuelve quiz\u00e1s algo m\u00e1s complejo cuando \u00e9stas se despliegan en escenarios electorales. Lo que se encuentra en juego all\u00ed es el derecho ciudadano a la informaci\u00f3n para poder ejercer en libertad, nada m\u00e1s y nada menos que, su ciudadan\u00eda pol\u00edtica.<\/p>\n
El sitio Chequeado.com realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n a partir de la cual analiz\u00f3 1119 discursos del oficialismo y de la oposici\u00f3n desde el a\u00f1o 2010. De ese total, el 49,86% de los discursos fueron identificados como \u201ctotalmente falsos\u201d, \u201cinsostenibles\u201d, \u201cenga\u00f1osos\u201d o \u201capresurados\u201d. Adem\u00e1s, tan solo el 25,73%, correspondi\u00f3 a discursos chequeados como \u201cverdaderos\u201d. Es decir, susceptibles de ser validados seg\u00fan datos e informaci\u00f3n verificable.<\/p>\n
Quienes elaboran estrategias de noticias falsas reconocen que los usuarios no invierten tiempo en analizar noticias: es m\u00e1s f\u00e1cil leer poco y replicar en alt\u00edsima velocidad. Tambi\u00e9n saben que el poder de marcar agenda o de instalar un t\u00f3pico en redes es absolutamente desigual. Los ciudadanos de a pie siempre estar\u00e1n en desventaja en relaci\u00f3n al poder de incidencia que tienen los influencers y las grandes plataformas de distribuci\u00f3n de contenido. Y en tercer lugar, saben que evitar el chequeo de fuentes no constituye un delito, aunque s\u00ed pueda considerarse una falta \u00e9tica en relaci\u00f3n a las reglas del \u201cbuen\u201d periodismo.<\/p>\n
En estos tiempos de noticias r\u00e1pidas, operaciones medi\u00e1ticas de desinformaci\u00f3n y viralizaci\u00f3n sin periodismo, el da\u00f1o ya est\u00e1 hecho, aunque la verdad se revele m\u00e1s tarde o m\u00e1s temprano.<\/p>\n