El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial comenzará a decidir hoy, a las 9.30, el futuro de la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, quien llega a esta instancia acusada por mal desempeño tras haber otorgado prisión domiciliaria a un hombre de 61 años condenado por el abuso sexual a su hija cuando era una adolescente.
El hecho trascendió a principios de este mes, cuando se conoció que Garay había firmado la excarcelación de A. P., de 61 años, quien por padecer una cardiopatía recibió el beneficio en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus.
A. P. había sido condenado a ocho años y tres meses de prisión el 18 de febrero de 2019, en el marco de un juicio abreviado en el cual reconoció su autoría en el hecho que se le imputaba y por el cual estaba detenido. Así, poco después de cumplir un año de condena, recibió la excarcelación y fue trasladado hasta la casa de su actual pareja.
El punto central de la acusación que recibirá Garay es no haberle informado a la víctima, Florencia, quien ahora tiene 23 años, de la decisión de excarcelar a su victimario. Públicamente, la jueza dijo que no lo hizo porque el número que figuraba en el registro judicial no se correspondía con la víctima. Luego, aseguró que le fue imposible contactar a los dos abogados que la representan.
El pedido de prisión domiciliaria de A. P. no era nuevo. Sus abogados ya lo habían solicitado en diciembre cuando expusieron: “Esta persona se encuentra en un estado delicado de salud, tiene una válvula mitral en su corazón, por lo tanto considero que es falible una atención meticulosa de la salud en su domicilio porque en el Servicio Penitenciario no se le puede brindar la atención de un especialista y llevar adelante una dieta especial”.
Aquella vez, los argumentos no encontraron eco en la jueza Garay, quien cambió de criterio en coincidencia con la crisis sanitaria.
El Jury está integrado por Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia; las legisladoras Julieta Rinaldi (titular del jurado), Silvia Paleo y Verónica Garade Panetta, y el legislador Oscar González. Pese a las medidas de aislamiento social, el cuerpo se reunirá de manera presencial en el edificio de la Legislatura. La víctima estará presente, según anticipó a este diario.
Consultada por La Voz, la joven expresó: “Hace casi un mes que mi vida cambió. Todavía no entiendo qué pasó, por qué, ni tampoco alcanzo a comprender la gravedad de la situación. Me sentí indefensa ante tanta impunidad, una vez más. El mismo estado de indefensión que sentía conviviendo con mi progenitor. No obstante, siempre creí que eso podía cambiar y me esforcé por hacerlo. Con la verdad en mi mano, cumplí todos los pasos y hace un año la Justicia selló mi lucha con paz. Jamás esperé volver a sentirme indefensa”.
La legisladora Carolina Basualdo (Hacemos por Córdoba), quien preside la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, presentó el pedido de jury.
Basualdo sostuvo que “la decisión que tomó la jueza vulnera la justicia y los derechos de la víctima, ya que incurre en un error: esta persona podía cumplir la pena en el sistema carcelario y no le impedía hacer el tratamiento por sus patologías”. La legisladora reclamó al TSJ que revea la medida y que el agresor cumpla la condena en la cárcel.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior
