Sánchez S.A.: la sociedad anónima del poder en España
OPINIÓN – Por Eduardo Reina – Especial para DSF
Sánchez, que tantas veces se envolvió en la bandera de la transparencia, parece no haber entendido que en democracia no basta con ser honesto: también hay que parecerlo.
El poder, cuando permanece demasiado tiempo en la misma mesa, termina confundiendo lo público con lo privado, lo institucional con lo familiar. Pedro Sánchez lleva más de siete años en la Moncloa y, en ese lapso, los límites que deberían separar lo que pertenece al Estado de lo que corresponde a su círculo íntimo se han ido desdibujando hasta rozar la caricatura. Hoy, con ironía pero también con alarma, hablamos de Sánchez S.A.: una sociedad anónima del poder en la que confluyen el presidente, sus amigos más fieles como Koldo o Cerdán, su hermano y, sobre todo, su esposa, Begoña Gómez.
El capítulo más delicado lo protagoniza precisamente ella. Su nombre aparece en informes oficiales, en agendas privadas y en reuniones con empresarios que, poco después, obtuvieron contratos millonarios con el Estado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectó indicios claros: Begonia Gómez avaló a empresas que ganaron concursos públicos por más de siete millones de euros. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata y automática: blindaje político, minimización de pruebas y un discurso repetido hasta el cansancio de que “no hay nada”.
Pero los hechos son tercos. Entre junio y julio de 2020, en plena pandemia, Begoña Gómez se reunió tres veces con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia —grupo fundado en 1998 que lidera el turismo español con marcas como Air Europa, Groundforce y Be Live Hotels, entre otros—. En esas mismas fechas, el Ejecutivo creó un fondo público de 10.000 millones de euros para rescatar empresas estratégicas. De ese fondo, 475 millones fueron destinados a Air Europa, propiedad del grupo de Hidalgo. ¿Casualidad? El hilo de coincidencias es demasiado grueso como para ignorarlo.
No se trata de un hecho aislado. También han salido a la luz los movimientos de David Sánchez, hermano del presidente, quien según diversas informaciones habría vivido durante meses en el Palacio de la Moncloa mientras declaraba residencia en Portugal para pagar menos impuestos. Junto a él lo hizo su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, disfrutando de comodidades financiadas por el erario público y hasta dio de baja su teléfono celular para no ser geolocalizado. Su participación en organismos y su cercanía al poder refuerzan la idea de que el apellido Sánchez se ha convertido en una marca registrada. La política, bajo esta lógica, se asemeja más a un consejo de administración donde el capital a repartir es el poder y la influencia.
El problema no es solo jurídico —los tribunales tendrán la última palabra—, sino ético y político. Sánchez, que tantas veces se envolvió en la bandera de la transparencia, parece no haber entendido que en democracia no basta con ser honesto: también hay que parecerlo. Cuando rescates, contratos y reuniones coinciden con los intereses de su entorno más cercano, la sospecha deja de ser rumor y se convierte en síntoma.
La situación se agrava al observar el aislamiento internacional del presidente. En Bruselas, en la Unión Europea, el trato hacia Sánchez se ha enfriado. Quien fue recibido como un adalid de la socialdemocracia en 2018 hoy es visto como un líder incómodo, desgastado en su credibilidad y cercado por sombras domésticas. En las cumbres internacionales ya no ocupa el centro de las fotos, sino un lateral, como figura de reparto fácil de recortar.
España no necesita una sociedad anónima del poder. La democracia no se gestiona como un holding familiar ni se hereda como un apellido: se honra, se respeta y se cuida.
Sánchez S.A. no es únicamente el futuro político de un presidente, sino la confianza de todo un país en su sistema democrático. Sánchez lo sabe, y por eso intenta desviar la atención hacia conflictos internacionales —el genocidio en Gaza, Donald Trump, la inmigración—, buscando humo donde hay fuego. Pero esa estrategia se agota: cada vez le queda menos margen incluso con sus aliados más cercanos.
Y si la frontera entre lo público y lo privado se borra, lo que se erosiona no es solo la figura de Sánchez: es la propia democracia española. De confirmarse la corrupción, la sociedad tendrá una factura que España no puede ni debe pagar.
