El auxilio salarial llegó a un tercio de los trabajadores privados

Redacción DSF 17 mayo, 2020

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) terminará esta semana de abonar los últimos salarios complementarios al sector privado, con lo cual concluirá el primer mes de una experiencia inédita en la Argentina: que el Estado auxilie a las empresas en el pago de los sueldos.

Si bien no hubo grandes perdones fiscales, más allá de la reducción o postergación de las cargas patronales, el sostenimiento a las empresas supuso un giro ideológico puertas adentro del Gobierno: a poco de andar la cuarentena, el propio Alberto Fernández había tildado de “miserables” a los empresarios y en su administración dominaba la premisa de que a los sueldos había que pagarlos “con los dólares que habían comprado”.

Pero la extensión del aislamiento y el agravamiento de los daños económicos cambiaron la postura oficial, que originalmente buscó apalancarse con los créditos bancarios al 24% para los salarios de abril y limitaba al extremo la ayuda para las empresas que superaran los 100 empleados.

Ese programa inicial de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue reformulado con el decreto 376 del 20 de abril, que creó el salario complementario, equivalente al 50% del salario neto del trabajador a febrero, con un mínimo de 16.875 pesos y un tope de 33.750. Además, dispuso créditos sin interés para monotributistas y autónomos, los eternos excluidos de la ayuda oficial.

Para esta nueva versión del ATP se anotaron 420 mil empresas que emplean a 3,5 millones de trabajadores, esto es, el 60% de los seis millones que se desempeñan en el sector privado.

Hasta el momento, 186 mil empresas que dan trabajo a dos millones de personas han accedido a la ayuda: esto es un tercio del empleo privado total y poco más de la mitad de los que se anotaron en el auxilio.

“Para obtener el beneficio, la empresa debía estar dentro de las afectadas por la cuarentena; tener un grupo importante de trabajadores en riesgo o afectados por la enfermedad y una sustancial reducción de la facturación desde el 12 de marzo al 12 de abril de este año respecto del año anterior. De los tres, el fisco miró el primero”, describe el tributarista Esteban Fada. Con el correr de los días, se fue ampliando el listado de las actividades incluidas, al punto que hay seis versiones extra del listado original.

En líneas generales, toda la actividad agropecuaria, financiera y de seguros está afuera del beneficio. Algunos rubros esenciales, que originalmente lo estaban, fueron contemplados, como las estaciones de servicio y salud. La construcción también ingresó después. Las casas de cambio, que en principio eran beneficiarias, fueron asimiladas al sector financiero y excluidas. Hay otros servicios muy masivos, como los colegios privados, que todavía esperan la decisión de Afip.

“Después de la actividad, el fisco miró la reducción de la facturación, que es una parte muy sesgada de la película, porque el 11 de abril puede haber habido ventas importantes y no se cobraron”, señala Fada.

Las empresas debían tener la misma facturación nominal de un año a otro, con un 48,4% de inflación. Luego se ajustó y se permitió un crecimiento positivo de hasta el 5%.

“Nosotros pensamos que ese requisito iba a ser bastante excluyente, pero lo cierto es que no, realmente había un montón de compañías que tenían lo mismo o menos, lo que habla de la gravedad de la crisis”, reconoce Juan Carlos Cerutti, especialista en derecho laboral y socio del estudio Litvin.

“En general, lo cumplían al parámetro de facturación, pero muchos por el tipo de actividad quedaban afuera. Y otros, como el comercio, que directamente les salió a todos porque la facturación no era motivo de exclusión”, describe Luciano Brunotto, socio del estudio Castillo y Asociados.

Para los contadores públicos, el trabajo en el último mes fue casi ciclópeo: hubo dificultades con la carga del CBU, con los que habían iniciado la actividad en los últimos 11 meses y con los casos que primero debieron pasar por la evaluación del Comité de Seguimiento de ATP. “En muy poco tiempo se armó un andamiaje de políticas públicas desde la Afip, que es un organismo acostumbrado a cobrar impuestos. Es inédito. En el peor de los momentos de la crisis financiera de 2008 se pagaron 150 mil Repro para sostener salarios y ahora vamos a pagar una parte del salario a dos millones de trabajadores”, justificó la titular de Afip, Mercedes Marcó del Pont.

Para mayo, Afip y Anses ratificaron que seguirá la ayuda. Se tomará ahora como parámetro el 50% del salario de marzo del trabajador y la facturación de abril frente a la de abril de 2019. Es de esperar incluso que algunas empresas, excluidas por el requisito de facturación, ahora entren en el programa. Se pagará el 4 de junio.

Supervivencia

A 57 días de cuarentena, ni la situación social ha explotado ni el mercado laboral está detonado. Para los primeros se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se trabaja con las organizaciones sociales, históricos bastiones del peronismo. Para lo segundo se institucionalizaron dos fórceps: la doble indemnización, vigente desde antes de la pandemia, y la prohibición de despidos para abril y mayo mediante el decreto 329, con aviso de que se prorroga dos meses más. La normativa dejó en pie el famoso “223 bis” previsto en la Ley de Contratos de Trabajo, que exime del pago de las cargas sociales a las prestaciones que se paguen en situaciones de fuerza mayor.

Hay un tercer factor que sumar a esta relativa calma en el mercado laboral: los gremios, que han avalado las reducciones salariales para los trabajadores suspendidos. “Fue fundamental ese acuerdo UIA-CGT, fue la piedra basal. Hay que reconocer la forma en que las cámaras y los sindicatos se han puesto al hombro el problema y cómo se han hecho acuerdos en pos de salvar los empleos”, dice Cerutti.

De esta manera, con el salario complementario y el 223 bis que baja al 75% neto, la empresa debe afrontar alrededor del 20% del sueldo de sus trabajadores.

“Obviamente que en el marco de facturación cero es un montón de plata, pero a lo mejor así sigue viva y esto, con la crisis que teníamos, no nos termine de noquear”, agrega. Todos imaginan como urgente que el beneficio continúe también en junio.

“Aunque cuando mis ingresos son cero cualquier gasto es mucho, la verdad es que es una ayuda válida, de mucha plata para el fisco”, coincide Fada.

Hasta ahí, todo lo positivo respecto de quien la quiere seguir peleando. ¿Pero quien decide cerrar su empresa porque le resulta insostenible o porque sabe que demorará mucho tiempo la recuperación?

“Si hoy necesito achicarme no hay posibilidad”, sostiene el especialista en derecho laboral Alejandro Manzanares, para quien el decreto que prohíbe los despidos es inconstitucional. “La Corte desde 1969 dice que no se puede impedir el despido y en 2001 lo ratificó”, dice.

Cerutti coincide en que la prohibición de despedir no resiste demasiado. “El decreto no debería extenderse, a lo sumo un mes más como mucho. Fue importante que el Senado el jueves aprobara los DNU porque si no es claramente inconstitucional”, agrega.

Pablo Gener, especialista en derecho del trabajo, señala que no se pueden adelantar vacaciones ni dar al personal licencia sin goce de sueldo. “La única herramienta es el 223”, remarca. Señala que Córdoba adhirió al acuerdo UIA-CGT y que está homologando acuerdos (excepto para mayores de 60) siempre y cuando tengan la firma del sindicato.

Y después? ¿Qué pasará cuando todo esto pase? “Es difícil anticiparse porque no sabemos cómo va a evolucionar la crisis, el gran tema es si vuelve o no la actividad”, señala Brunotto. “Creo que habrá una ola de acuerdos concertados entre empresas porque hay rubros que no van a poder seguir, como los gastronómicos. Para los pequeños negocios va a ser un tema, y habrá necesidad de diálogo entre gremios y empresas. Ojalá nos iluminemos para sacar a la Argentina adelante”, aspira Cerutti.