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Economía - 16/06/2018

¿Se pueden clausurar locales comerciales por infracciones tributarias?

OPINIÓN: Por Andrés Peretti (*) – Especial para DSF

La clausura, como sanción tributaria, está entre las peores que puede sufrir un contribuyente. El daño que ocasiona es inconmensurable, no sólo porque la empresa y/o negocio deja de funcionar —con el lógico cese de ingresos y la carga de seguir afrontando sueldos, gastos, impuestos, servicios, etc.—, sino porque especialmente, la clausura importa una imagen negativa que difícilmente pueda ser revertida a corto y mediano plazo.

La sanción se materializa a través de una faja —generalmente de color rojo— con la inscripción “CLAUSURADO”. El efecto que genera en clientes potenciales y público en general es devastador, porque muy pocos —para no decir, nadie— vincula la clausura con cuestiones tributarias, sino más bien con incumplimientos bromatológicos y/o de limpieza en general.

Por dichas circunstancias, teniendo en cuenta que la clausura afectará el futuro de la empresa, su aplicación debe ser restrictiva y rodeada de las mayores garantías posibles, más aun cuando los motivos que la justifican son meramente formales, es decir, no vinculados directa e inmediatamente con la falta de pago de tributos.

Entre ellos se destacan la falta de inscripción del sujeto como contribuyente o responsable, la no emisión y/o emisión defectuosa de facturas y/o comprobantes por montos superiores a $10 —sí, leyó bien: $10—, no llevar registraciones o anotaciones de las adquisiciones de bienes o servicios y/o o hacerlo deficientemente, el transporte indocumentado de mercadería —sin remitos y/o similares—, tener el 50% o más del personal no registrado —vulgarmente, “en negro”— en establecimientos con 10 o más empleados, entre otras.

Con la última reforma impositiva nacional —también objeto de comentario para DSF— se modificó la normativa tocante a la sanción en análisis. En primer lugar, se eliminó la multa como pena conjunta con la clausura—antes de $300 a $30.000—, al tiempo que se redujeron los plazos de cierre —2 a 6 días; antes 3 a 10—.

Asimismo, la penalidad en cuestión tiene su regulación en la normativa provincial y municipal. Tanto el Código Tributario de la Provincia de Córdoba como la Ordenanza Tributaria de la ciudad de San Francisco replican la Ley Nacional.

A nivel provincial, la clausura que puede aplicar la Dirección General de Rentas oscila entre 3 y 10 días. Los motivos que justifican la imposición de tamaña sanción también son formales, y más allá de alguna que otra novedad cuestionable —incumplimiento reiterado a los requerimientos; falta de presentación de declaraciones juradas—, existe similitud con el orden nacional. La normativa municipal no difiere mucho: mismo plazo de clausura y similares razones.

Para responder el interrogante de esta nota, debe tenerse presente que cada ordenamiento legal —Nacional, Provincial y Municipal— establece vías específicas para impugnar la sanción que pueden aplicar los Fiscos. El procedimiento legal previo a la clausura requiere la elaboración por parte de los funcionarios fiscales de un acta de comprobación que precise el presunto incumplimiento en que incurrió el contribuyente y la fijación de una audiencia para que el damnificado pueda defenderse.

Luego de esa situación, el Organismo Fiscal aplicará o no la clausura. En el primer caso, el perjudicado podrá refutar administrativamente la sanción ante el Superior Jerárquico, y para el caso que el pedido de revisión sea rechazado, queda habilitada la vía judicial.

Lo realmente importante es que mientras el contribuyente discuta el castigo impuesto, el Fisco se encuentra inhabilitado de hacer efectiva la clausura. Para ello, la sanción deberá quedar firme y consentida, es decir, que no existan más vías para impugnar, lo cual en nuestro país, requiere estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En síntesis, más allá de la maraña procedimental, lo importante es destacar que existen caminos para impugnar la gravosa imposición de la sanción por parte de los Fiscos. No existe aplicación de clausura sin tránsito previo por el camino establecido en las normas, incluso revisión por parte de la Justicia, órgano independiente cuya finalidad última es velar por la vigencia y operatividad de los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.


(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-