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Economía - 20/10/2018

Recategorización y exclusión del ‘Monotributo’: ¿Qué puedo hacer?

OPINIÓN: Por Andrés Peretti (*) Especial para DSF

Antes de comenzar, una aclaración. El nombre otorgado por la legislación no es “Monotributo”, sino “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)”. Sin embargo, apenas se comprenda que hasta hace un mes, aprehender —sí, con H— y entender el Sistema requería el análisis de un par de leyes, unos cuantos decretos y más de veinte —sí, 20— Resoluciones Generales de la AFIP-DGI que mutan permanentemente, podemos concluir que nada tiene de “simplificado” el “Monotributo”.

Por el contrario, estar actualizado y contar con la última información exige de operadores jurídico contables especializados en la materia, lo cual —teniendo en cuenta que fue concebido para “pequeños contribuyentes”— es altamente ineficiente e ineficaz.

Por ello, la entrada en vigencia de la Resolución General Nº 4.309/2018 (19/09/2018) —en tanto reordena la maraña normativa vigente hasta ese momento en un solo cuerpo— es un avance innegable, toda vez que facilita el acceso a la información relativa al “Monotributo”.

En la presente colaboración para Diario San Francisco analizaremos las vías específicas para impugnar la recategorización realizada de oficio por la AFIP-DGI, así como la exclusión del “Monotributo” decidido por el Organismo Fiscal.

Como cuestión preliminar, debe tenerse presente que existen once categorías de “Monotributo” —“A” hasta “K”—, y los parámetros de categorización son los ingresos brutos obtenidos, la energía eléctrica consumida, la superficie afectada a la explotación, la cantidad de empleados y los alquileres devengados.

La propia normativa fija parámetros máximos y deben ser respetados. Por ejemplo, para pertenecer a la categoría “A”, los ingresos brutos anuales no deben superar los $107.525,27; la superficie máxima afectada a la explotación es 30 m2, y; el consumo por año de energía eléctrica no puede superar los 40321,98 kw.

Excedido alguno de los parámetros fijados, corresponde la recategorización a la categoría siguiente o, cuando se superen todos los máximos fijados por el Régimen —más allá de la categoría “K”—, la exclusión del “Monotributo” y la alta como responsable inscripto, debiendo en consecuencia abonar el contribuyente el impuesto a las ganancias y el IVA.

El Régimen de “Monotributo” reglamenta distintos tipos de recategorización, a saber: i) semestral; ii) de oficio; iii) de oficio por fiscalización presencial, y; iv) de oficio por controles sistémicos.

Mientras que la primera se refiere a la recategorización realizada voluntariamente por los “pequeños contribuyentes” tomando como referencia el semestre calendario (enero-junio y julio-diciembre de cada año), la segunda —de oficio “a secas” — es aquella realizada por el Fisco cuando el contribuyente incumple con su obligación de recategorizarse o realizada, es inexacta.

Asimismo, la recategorización de oficio por “fiscalización presencial” otorga la posibilidad al contribuyente de presentar descargo y ofrecer prueba, garantizando el derecho de defensa. Para el caso de estar en desacuerdo, la impugnación deberá ser realizada dentro de los 10 días siguientes de notificado, y vencido ese plazo, el Juez Administrativo ordenará la recategorización —con eventual imposición de multa— o el archivo de las actuaciones.

Por último, la recategorización de oficio por “controles sistémicos” es la facultad para utilizar información obrante en Registros del Fisco, en función de los controles efectuados por sistemas informáticos —bases de datos—.

En esta causal también se le otorga participación en el procedimiento al afectado, permitiendo la consulta de los motivos y elementos de juicio que llevaron a la AFIP-DGI a tomar la decisión administrativa en cuestión a través del servicio web “Monotributo – Recategorización de Oficio” (MOREO) y la posibilidad de impugnar administrativamente dentro de los 15 días siguientes. Rechazada, queda habilitada a favor del contribuyente la vía judicial para interponer demanda contencioso administrativa.

Por otro lado, la normativa regula la exclusión de los “pequeños contribuyentes” del Régimen Simplificado. Al respecto, existe cierto paralelismo procedimental con la recategorización, ya que quedarán excluidos aquellos que adquieran bienes, realicen gastos y/o tengan depósitos bancarios que —previa deducción de gastos vinculados con la actividad declarada— superen los montos máximos fijados para la categoría más alta de “Monotributo” vigente.

También existe coincidencia sustancial respecto los paradigmas de exclusión: i) por comunicación voluntaria del “pequeño contribuyente”; ii) de pleno derecho por fiscalización presencial, y; iii) de pleno derecho por controles sistémicos.

En el segundo caso se permite la presentación de un descargo en los mismos términos y plazos que la recategorización, y la exclusión por información obrante en bases de datos del Fisco —el listado general se publicará en el sitio web en primer día hábil de cada mes, y además, se notificará al domicilio fiscal electrónico denunciado por el contribuyente— también podrá impugnarse a través de la vía administrativa.

En resumen, más allá de la compleja cuestión procedimental, debe tenerse presente que existen caminos y/o vías para impugnar las gravosas consecuencias que importa la recategorización o exclusión del “Monotributo”.

Ello surge de la normativa emitida por la mismísima AFIP-DGI, otorgando la posibilidad de solicitar la revisión no sólo por ante ese Organismo Fiscal, sino también por parte de un órgano independiente como es la Justicia, cuya finalidad última es velar por la vigencia y operatividad de los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-