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Economía - 03/04/2018

POSNET: ¿A quiénes se aplica? ¿Qué sucede con los profesionales independientes?

OPINIÓN: Por Andrés Peretti (*) – Especial para DSF

A partir del último día de marzo de 2018, resulta obligatoria la implementación de las terminales electrónicas de pago (P.O.S.), popularmente conocidas como “POSNET”. Así, los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles deberán aceptar tarjetas de débito y crédito como mecanismo para la cancelación de las operaciones que realicen con sus clientes.

Analizando exclusivamente la letra de la Ley N° 27.253, sólo quedan exceptuados aquellos que desarrollen sus actividades en localidades cuya población resulte menor a 1.000 habitantes, así como también cuando el importe de la operación sea inferior a $10.

Las ventajas del sistema son notorias. En el entendimiento que al menos 1/3 de la economía de nuestro país es informal y/o “en negro”, el ofrecimiento de esta forma de pago permitirá desalentar la evasión fiscal, mejorar la recaudación, avanzar hacia la equidad y la justicia a partir de los parámetros de la eficiencia y la eficacia, lo que importará una reducción en la presión tributaria y un incentivo más la inversión.

Sobre la aplicación del régimen a la comercialización de alimentos, transporte, automóviles, música, mobiliarios, indumentaria, telefonía, energía, esparcimiento, espectáculos, higiene, comunicaciones y turísticos —entre otros—, no cabe ninguna duda. Incluso, la AFIP-DGI habilitó un sistema para denunciar a aquellos vendedores y/o prestadores de servicios que no ofrezcan el POSNET como medio de pago (0800-999-2347), al tiempo que implementó la clausura del establecimiento de 2 a 6 días para este tipo de incumplimientos.

Distinto es el caso de los servicios prestados por profesionales (abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, entre otros), donde la prestación es personalizada y tiene especial consideración quién realiza dicho acto.

En la misión de despejar dudas, la AFIP-DGI dictó la Circular N° 1/2017 en donde interpreta que “servicios de consumo masivo” deben ser entendidos como “toda operación realizada con consumidores finales”, lo que permitiría concluir que los profesionales nos encontramos alcanzados.

Contra dicha interpretación, diversas instituciones que nuclean profesionales independientes —Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Colegios de Abogados, entre otras— han concluido que no resulta de aplicación de la normativa en cuestión, toda vez que el servicio que prestan sus afiliados no son estandarizados, sino personales e individuales, circunstancia que impide calificarlos como de “consumo masivo”.

Toda vez que no puede equipararse un comercio o una industria a un Estudio Jurídico y/o Contable, y teniendo en cuenta que “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley…” (artículo 19 de la Constitución Nacional), los profesionales resisten la aplicación obligatoria del POSNET.

Sin perjuicio de la razonabilidad del planteo, debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en un caso similar —“Mickey S.A.”— que este tipo de medidas antievasión son razonables y equitativas, pues colocan a todos los contribuyentes en igualdad de condiciones frente al sistema económico y de circulación de bienes.

Lógicamente, la situación en la que se encuentra quien opera en la marginalidad no es igual a aquel que cumple con las normas impositivas —tanto en términos de competitividad como en costos—, y ello resulta suficiente para justificar diversos sistemas para desalentar la evasión.

En consecuencia, sin perjuicio de compartir o no el criterio del Máximo Tribunal, estamos en el ojo de la tormenta, pues no deben olvidarse las declaraciones realizadas por el ex Titular de la AFIP-DGI Alberto Abad antes de dejar su cargo: “…Primero fueron los ricos y famosos, y ahora serán los profesionales…”.

Teniendo en cuenta que en la Provincia de Córdoba —según un relevamiento realizado por el Observatorio de Profesionales de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC)— existen más de 100.000 profesionales, la aplicación de la norma en cuestión tendrá alto impacto.

Al respecto, las Cámaras y Asociaciones que agrupan a supermercados, almacenes y quioscos informaron que, sin perjuicio del valor de adquisición del POSNET, las comisiones de los bancos oscilan entre el 1,5% (tarjetas de débito) y el 2,35% (tarjetas de crédito), y el vendedor y/o prestador del servicio recién ve impactada la operación a las 48 horas de su realización, lo que importa un perjuicio económico y financiero a los contribuyentes.

En atención a lo expuesto, más allá de la justificada resistencia de las instituciones que congregan a los profesionales, entendemos que la AFIP-DGI no cesará en su objetivo, utilizando todas las herramientas que tiene en su poder para verificar y fiscalizar que los contribuyentes cumplan con su obligación de instalar los POSNET.

Desde ya, sin perjuicio de las defensas constitucionales de rigor —especialmente ante la clausura del local—, la consecuencia inmediata será el traspaso de los gastos operativos al precio final y, como siempre, el último eslabón de la cadena —consumidor— será quien asuma el mayor valor de los bienes y servicios.

(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-

Estudio Peretti