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Economía - 05/12/2018

Los jueces, funcionarios judiciales y fiscales, ¿deben pagar el impuesto a las ganancias?

OPINIÓN: Por Andrés Peretti (*) – Especial para Diario San Francisco

La pregunta de la presente columna de opinión para Diario San Francisco es —por lo menos— capciosa. Es que para atinar la respuesta, debe distinguirse entre los jueces, funcionarios judiciales y fiscales nombrados antes del 1º de enero de 2017 de aquellos cuyo nombramiento fuese posterior a esa fecha.

Esa diferencia tiene su origen en la Ley Nº 27.346, conocida como “Ley Massot”, en homenaje al legislador que impulsó su aprobación por ante el Congreso de la Nación. Mediante la reforma de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se incorporó como contribuyentes del gravamen a los Magistrados, Funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y Provincias cuyo nombramiento haya sido posterior al 2017.

El Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Germán Garavano, defendió la medida en el entendimiento que importa una generalización que con los años permitirá que todos los Jueces, funcionarios y empleados de la Justicia paguen el tributo en cuestión.

Sin perjuicio que la norma parecía clara, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó una acción judicial para proteger a su grupo, buscando que el impuesto sólo alcance a los “nuevos”, más no a los funcionarios y/o empleados en “carrera judicial”, es decir, a aquellos que se encuentran ejerciendo funciones judiciales, aun cuando no sean Jueces.

El silencio que debe regir la función judicial —el Juez no puede adelantar opinión ni hacer juicio de valor respecto del tema a próximo a resolver como medio para garantizar la imparcialidad— fue cediendo ante las presiones políticas, sociales y periodísticas.

Sin perjuicio que —salvo contadas excepciones— los jueces dicen estar a favor de pagar ganancias sobre su salario, el primero en emitir abierta opinión fue el flamante Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Rosenkrantz, y lejos de entrar en esa discusión, alegó que la cuestión no pasa por tributar o no, sino por la defensa de un salario adecuado para un Juez, vinculando calidad de funciones con sueldo a percibir. En sus palabras, “…La pregunta correcta es qué jueces queremos y cuánto tenemos que pagar para tener esos jueces…”.

Luego de pasar por todas las instancias judiciales con éxito, el pasado martes 27 de noviembre, la Corte revertió la decisión de los Tribunales inferiores y, por unanimidad, resolvió que los jueces, funcionarios judiciales y fiscales nombrados con posterioridad al 1º de enero de 2017 —estén o no en “carrera judicial”— deben pagar el impuesto a las ganancias.

La decisión del Máximo Tribunal llega en el momento justo. Más allá del argumento recurrente de derogar el privilegio que gozan los Jueces y demás funcionarios judiciales al no pagar impuesto a las ganancias, la realidad es otra, y es netamente presupuestaria.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la República Argentina es el país más ineficiente de América Latina en términos de asignación de gastos públicos, ya que “desperdicia” o “malgasta” el 7,2% de su Producto Bruto Interno (PBI).

En dicho escenario, lejos de mejorar la eficiencia con el objetivo de avanzar hacia un gasto “inteligente”, se recurre al arma por excelencia: los impuestos. Según la AFIP-DGI, si todos los jueces pagaran el tributo en cuestión, la recaudación crecería un 0,05% del PBI ($9.854 millones), suma equivalente a la inversión en capital e infraestructura para la educación que prevé el presupuesto 2019.

El tema es que no van a pagar todos los jueces, sino sólo aquellos nombrados después del 1º de enero de 2017, lo que disminuye drásticamente la recaudación proyectada. A nivel nacional, la Procuración General de la Nación informó que sólo 8 de 700 jueces nacionales y federales oblan el impuesto en cuestión, y que ningún fiscal de los 270 en funciones lo hace. El panorama en nuestra Provincia de Córdoba no es diverso.

Atento que, tal como lo reconoció expresamente el Ministro de Justicia, la idea es mantener la exención para aquellos nombrados antes del 01/01/2017, queda por dilucidar si los jueces, funcionarios judiciales y fiscales nombrados después de esa fecha soportarán ganar un 30% que sus colegas.

Y aquí podemos hacernos varias preguntas: ¿es justo que sólo abonen el tributo en cuestión aquellos Jueces nombrados después de esa fecha?; ¿cuál es el criterio?; la aplicación de la Ley en cuestión, ¿no violenta el principio de igualdad, y en particular, aquella máxima que impone “igual remuneración por igual tarea”?; un Juez designado antes del 01/01/17, ¿realiza actividades distintas que aquél nombrado después?; ¿o similares?; en ese caso, ¿es razonable que perciba menos sólo porque entró en funciones después del 01/01/17?.

El debate, lejos de terminar, recién comienza. Incluso, del voto conjunto del Presidente —Dr. Rosenkrantz— y Vicepresidenta de la Corte —Dra. Highton de Nolasco— surge una “invitación” a los magistrados para que impugnen judicialmente la Ley Nº 27.346, si consideran que es inconstitucional.

No resulta descabellado pensar que existan planteos en dicho sentido, y que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quién deje caer su martillo de manera definitiva para poner fin a una cuestión que data desde el año 1936.

(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-