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Salud - 14/06/2017

Leche medicamentosa: hecha la ley ¿hecha la trampa?

OPINIÓN: Por Andrés Peretti (*) – Especial para DSF

Fotografía Ilustrativa

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) afecta entre un 2% y un 5% de los niños menores de 2 años. Según el Ministerio de Salud de la Nación es la alergia más común en lactantes y niños pequeños, y puede ser definida como una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca.

Ante dicho padecimiento, el bebé y su madre deberán dejar de consumir leche de vaca y de otros animales, lácteos y sus derivados. Asimismo, como complemento por lo que el niño no puede ingerir, se recomienda la incorporación de leches de fórmula especiales que no contengan proteína de leche.

Y efectivamente, “leche especial” es sinónimo “precio especial”. Las leches medicamentosas en nuestro país oscilan entre $800 y $2.000 cada lata. Sabiendo que un lactante consume promedio entre 8 y 10 latas mensuales, el lector puede hacer el número con cierta facilidad.

Ante la realidad descripta, con unos 50.000 niños que sufren la alergia en cuestión, la entrada en vigencia de la Ley N° 27.305 importó un antes y un después para los pacientes que sufren APLV y demás desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas.

Con la entrada en vigencia de la norma, el Congreso Nacional amplió el Plan Médico Obligatorio (PMO), incluyendo a la leche medicamentosa dentro de la cobertura mínima que deben prestar los agentes de salud.

En consecuencia, la buena noticia es que no hay que abonar las leches medicamentosas sin límite de edad. La mala es que las obras sociales se niegan a cubrir el 100% de la prescripción que realizan los médicos, lo que complica drásticamente a los pacientes.

¿Los motivos? Ninguno. Sólo la fría y objetable especulación. No todos conocen la existencia de la ley en análisis, y no todos reclamarán la cobertura por ante las obras sociales incumplidoras.
¿La solución? Ante la renuencia, sólo queda la vía judicial.

Pero la especulación, más aún cuando se trata de la salud en general y de los niños en especial, es ciertamente reprochable. Si existen sanciones para proveedores en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, con más razón deberían aplicarse para aquellos agentes de salud que vulneren un derecho básico e irrenunciable como la salud.

Mientras tanto, la Justicia —último intérprete de la Constitución Nacional— viene cumpliendo su función: garantizar plenamente el derecho a la salud, a la vida, a la igualdad y la protección y asistencia universal de la infancia.

(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-

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