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Política - 16/02/2017

Correo Argentino: ¿Quita encubierta o propuesta razonable? ¿Condonación de deuda o solución lógica?

OPINIÓN: Por el Dr. Andrés Peretti (*) – Especial para DSF.

Sin lugar a dudas, la presente opinión es la más difícil de escribir, no sólo por las cuestiones técnico legales que la misma acarrea, sino también por el alto contenido político que se encuentra en juego.

Por ello, siguiendo la línea que intentamos mantener en nuestras anteriores intervenciones para Diario San Francisco, simplificaremos al máximo lo jurídico y nos abstendremos de lo político. Esperemos que lo dicho sea una realidad y no una mera expresión de deseo.

El tema “Correo Argentino” está de moda. Resulta imposible transitar por los canales de televisión, leer los portales digitales, ojear un diario o recorrer el dial de la radio sin que expertos, profanos y demás analicen la cuestión, sea desde la visión técnica, social o política.

Como cuestión preliminar, la familia Macri detenta el 100% del capital accionario de “Socma Americana S.A.”, quien a través de otra sociedad controla a “Correo Argentino S.A.”, y las acciones eran de Franco Macri —padre del Presidente—. Actualmente, “Socma” (Sociedad Macri) pertenece a los hermanos, sobrinos e hijos del primer matrimonio de Mauricio Macri.

En cuanto aquí importa, “Correo Argentino S.A.” pidió su concurso preventivo en el año 2001, denunciando un pasivo de 900 millones de pesos. Sin embargo, estando en funciones el Presidente Kirchner, se tomó la decisión de rescindir la concesión del servicio de correo que el menemismo había acordado a la sociedad. Así pues, a finales de 2003 se decretó la quiebra.

Desde ese momento hasta hace días, no hubo novedades de importancia. Sin perjuicio de los tiempos y los retrasos —lógicos e ilógicos— de todo proceso judicial, las negociaciones entre “Correo Argentino S.A.” y sus múltiples acreedores —Estado Nacional incluido— para acordar la forma de pago de la deuda fueron en vano. 16 años completos sin avances sustanciales.

Sin embargo, en año de elecciones, vio la luz la propuesta de pago realizada por empresa a favor del Estado: 15 cuotas anuales crecientes hasta llegar al pago del 100% del capital histórico (296 millones de pesos), con un costo de financiación del 7% anual.

Es decir, la deuda que la sociedad tiene se cristaliza a valores de 2001 —valor histórico, sin intereses—, y desde este año hasta 2033 se cancelaría en cuotas anuales con un 7% de interés por año.

Dicha propuesta fue aceptada a través del Presidente en funciones, y luego objetada por la Fiscal Boquín, quien a través de su dictamen la consideró abusiva y violatoria del patrimonio del Estado, con conflicto de intereses en juego. Trasladado a números, entendió que la deuda actualizada rondaría los 4.000 millones de pesos y que el acuerdo en los términos planteados implicaba una quita encubierta de 70.000 millones de pesos.

Algunos especialistas, aplicando leyes concursales y normas de actualización contable, consideran que la liberación de la deuda es sustancialmente mayor, entre el 70% y 90%.

Recientemente, la cuestión en análisis tomó relevancia inusitada, pues el Fiscal Zoni imputó penalmente al Presidente, al Ministro de Comunicaciones —Oscar Aguad— y al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones —Juan Manuel Mocoroa— por incurrir en “conductas delictivas”. Las denuncias fueron presentadas por Martín Sabbatella y Gabriela Cerutti —partido “Nuevo Encuentro”— y por un abogado particular.

Pasando en limpio, para analizar la cuestión objetivamente, lo razonable sería separar dos etapas: desde 2001 a 2017, y desde 2017 a 2033. En la primera parte, por estricta aplicación de la Ley, la presentación del concurso suspende el curso de los intereses —excepto los garantizados con prenda o hipoteca—, lo que en la práctica importa decir que la deuda histórica queda congelada. Sobre ese punto, no existe obligación alguna de “Correo Argentino S.A.” de pagar compensación alguna, y tampoco deber del Estado de solicitarla.

Lo discutible viene con la segunda etapa, y es imposible negar que existe una quita. Nos abstendremos de calificarla como “encubierta”, pero podemos afirmar que el pago de la deuda histórica en forma escalonada, por un plazo de 15 años con una tasa de interés irrisoria —7% anual, cuando la plaza acusa como mínimo el 22%— no significa el pago del 100% de la deuda.

Sin perjuicio de las opiniones divergentes, la realidad exhibe que será la justicia quién decidirá si el ofrecimiento realizado por “Correo Argentino S.A.” es abusivo o en fraude de ley, y en consecuencia, homologar o no el acuerdo.

Más allá de los dictámenes de la Auditoría General—quién salió del juego, pese al pedido expreso de Marcos Peña—, Oficina Anticorrupción, Procuración del Tesoro y Congreso de la Nación, la última palabra la tendrá la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal y, eventualmente, la Corte Suprema.

(*) Abogado -UNC-, Especialista y Magíster en Derecho Tributario -Universidad Austral, Buenos Aires-